El Gobierno nacional vuelve por sus fueros. Luego de que el Ministerio de Transporte nos sentenciara en el caso del inequitativo e injusto cobro de valorización, ahora es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) la que anuncia unos inadecuados topes regulatorios, bajo el argumento de incentivar el uso racional y eficiente del agua por “eventos de escasez”, debido a fenómenos naturales, y anticipa medidas para sancionar su consumo excesivo.

Todo ello sin detenerse a evaluar la situación hídrica de Atlántico, Bolívar o Magdalena. Ni tampoco haber escuchado voces autorizadas de la región que los desaconsejan categóricamente.

En EL HERALDO, por el contrario, valoramos sus conceptos en aras de enriquecer esta discusión. Todos, con más o menos matices, consideran que la resolución de la CRA es inconveniente, antes que nada, porque la operación de abastecimiento de agua en el Atlántico y en los territorios de la cuenca baja del río Magdalena se encuentra garantizada. Dicho de otra forma, no tenemos problemas de escasez para consumo humano ni para seguridad alimentaria. En ciertas zonas la hay para temas agropecuarios, pero en general el criterio de bajas lluvias no nos resulta aplicable.

Es más, los niveles del río van al alza. Una buena noticia porque si la tendencia se mantiene podremos soportar los meses más críticos de sequía, enero y febrero, sin necesidad de regular el servicio para asegurar las capacidades de los acueductos locales. Lo más insólito no es que no lo sepan, sino que sabiendo donde estamos ubicados nos midan bajo los mismos parámetros de consumo de agua que lo hacen en zonas de clima frío o templado. ¿Dónde queda el rigor técnico?

Dada la situación actual, la CRA, suponemos que con buena intención, pero escaso acierto, quiere imponernos una estructura tarifaria improcedente e inaceptable que nos abriría un hueco más grande en el bolsillo por castigos que se reflejarían en alzas en el recibo. Son sanciones válidas para que otras regiones del país con déficit de agua restrinjan su uso al máximo. Este recurso, que como siempre hemos insistido, no es infinito y demanda una toma de conciencia colectiva para racionalizarlo. Pero, como lo demostró con sólidos argumentos la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, vía derecho de petición a la entidad, la medida no se justifica bajo nuestro contexto.

Ahora bien, ¿por qué nos genera tanta alerta? Porque resulta totalmente inviable para el Caribe. Los habitantes de municipios y ciudades con altitud promedio por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar, es decir, los de la Costa, que pertenezcan a estratos del 1 al 4 podrían consumir máximo 15 metros cúbicos al mes, mientras los de 5 y 6 tendrían un tope de 13 metros cúbicos.

¡Seamos realistas! Los hogares del Caribe, por mucho que nos esforcemos, no tenemos cómo cumplir con los límites de la CRA por una sencilla razón. Nuestras exigentes condiciones climáticas, cómo obviarlas, hacen que el consumo per cápita sea de 140 litros diarios por habitante, de modo que en una vivienda en la que residen 4 personas los 15 metros cúbicos al mes, que nos quieren imponer como techo, se superan con facilidad. Pero aún más difícil de acatar: en una casa de estrato 1 o 2 fácilmente pueden residir 6, 8 o más personas. ¿O no es así?

A pesar de que ahora llueva a cántaros, Colombia afronta un serio problema de escasez de agua con potencial de impactar la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria o la generación eléctrica, solo por mencionar las más evidentes. El estrés o déficit hídrico es real debido a factores derivados de fenómenos de variabilidad climática: falta de precipitaciones, olas extremas de calor o procesos de desertización, entre otros asuntos que merecen atención del Gobierno nacional y los territoriales, porque no van a irse. Y lo sabemos de sobra: llegar tarde no es llegar.

En Atlántico, el robo o fraude continuado de agua a los acueductos regionales hace que escasee el líquido para comunidades enteras, cuando no es la falta de presión la que dificulta el suministro en la ruralidad.

Trabajar en una cultura del ahorro, con alertas oportunas, intervenciones técnicas permanentes y educación ambiental es lo responsable. No lo es apostar por decisiones extremas ordenadas desde el centralismo que suele ignorar o pasar por alto lo que somos y dónde estamos.