Es de suponer que la pulsión del presidente Gustavo Petro por reproducir su propia versión de los hechos, a manera de relato alternativo o nueva realidad, lo habría llevado a designar como gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, las extintas AUC.

Vía resolución del consejero comisionado Patiño, los antiguos mandos paramilitares, otrora los más temibles señores de la guerra que el país recuerde, recibieron el encargo de “contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”. Casi nada.

A la espera de que se precise el alcance de sus funciones reales, porque el papel lo aguanta todo, imaginamos que actuarían como facilitadores e intermediarios del Gobierno con estructuras que recibieron su herencia criminal, para su sometimiento a la justicia.

De entrada, se debe recordar que todos ellos, responsables de la comisión de miles de delitos atroces, se desmovilizaron en el inicio de la primera década del siglo XXI, negociaron con el Estado, se sometieron voluntariamente a un sistema de justicia especial que redujo sus condenas a máximo 8 años, y, en ciertos casos, terminaron extraditados y presos en Estados Unidos, tras ser hallados culpables de narcotráfico. De hecho, ‘Don Berna’, uno de los ungidos, sigue convicto.

En el listado también aparecen, según sus alias de guerra, ‘Jorge 40′, ‘Macaco’, ‘HH’, ‘Julián Bolívar’, ‘El Águila’, ‘Juancho Prada’, ‘El Alemán’, ‘Diego Vecino’, ‘Martín Llanos’, ‘El Viejo’, ‘Cuco Vanoy’, entre otros altos mandos de las AUC, que podrán salir de prisión, si es que están encarcelados, para cumplir con sus actividades excepcionales, que serán de carácter temporal y territorial. Aunque el Ejecutivo se apresura a aclarar que la designación “no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento que tienen vigentes, ni conlleva beneficios judiciales”.

Que ahora el Gobierno considere que estos individuos, condenados por sus crímenes, algunos de ellos expulsados de Justicia y Paz porque no aportaron verdad, ni justicia, ni repararon a sus víctimas, le sean convenientemente útiles para intentar dar rumbo a su errática política de la paz total, no supone que el país deba comulgar con su inoportuna e inconveniente determinación.

Las primeras en levantar su voz de desconcierto, también de indignación o molestia, por la designación de sus propios verdugos como gestores de paz, son las mismas víctimas. Algunas lo reciben como una afrenta insalvable, una revictimización de sus derechos jurídicos, políticos y emocionales. Saben de lo que hablan, porque con insistencia han dejado en evidencia a quienes posan de dignos, cuando en realidad están lejos de arrepentirse por lo que hicieron, se niegan a hablar con claridad del daño que les causaron y ni siquiera les dan la cara para decirles dónde enterraron a sus muertos. ¿Cuál es la garantía de que ahora sean capaces de cambiar la historia?

No nos crean tan ingenuos. Claro que lo peor corre por cuenta de la incoherente exaltación del mayor depredador sexual de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna.

Incongruencia al máximo nivel. ¿Cómo se lo explicarán a tantas mujeres aún rotas de dolor, violentadas por él, sometidas a sus perversos instintos cuando eran unas niñas? Ante semejante despropósito, racionalidad. No todo vale a la hora de renunciar a la legalidad para asumir razonables dosis de impunidad en aras de intentar cerrar capítulos de nuestra insaciable guerra. Afortunadamente la Corte Suprema de Justicia se sitúa del lado de las víctimas. A diferencia de la manifiesta tendencia del poder Ejecutivo, respeta y acata su decisión de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz, pero a la vez con claridad meridiana expresa su discordancia en el sentido de otorgarle la libertad. La percibe, y con razón en virtud de los derechos de las víctimas, como falta de proporcionalidad. Premisa imbatible: “El propósito de lograr la paz no es ilimitado”.

Cuestión de tiempo para que Petro retome el proceso con los paras para darle cierre definitivo. Argumento que comparte la plana mayor de las AUC, que habla de evaluar Justicia y Paz, de verdades aún ocultas, de libertad a excombatientes y de un largo listado de reclamos. Me temo que se nos viene otro sapo de dimensiones colosales en el que las víctimas, como antes, como ahora, volverán a sentir en sus carnes los abusos que siguen sin resarcirles. Mensaje equivocado.