Luego de superar una crítica situación generada por la pandemia de la covid-19 que puso a prueba los sistemas de salud en el mundo, y por supuesto el colombiano no fue la excepción, la demanda de medicamentos a nivel global se disparó y causó serios inconvenientes en los tratamientos farmacológicos requeridos por los pacientes.

Lo más grave es que, en vez de mejorar, la situación se ha complicado por múltiples factores. En Colombia el tema reiterado en el ámbito de salud es el desabastecimiento de varias drogas o principios activos para tratar enfermedades cada vez con mayor número de casos.

Si bien los dos años que lleva el Gobierno nacional intentando modificar el modelo de salud del país no es la causa exclusiva de los problemas de desabastecimiento, sí ha tenido mucho que ver en el caos generado por la asfixiante situación financiera de muchas empresas promotoras de salud. La incertidumbre frente a las decisiones del Ejecutivo en el sector han complicado el normal trámite para la adquisición de los medicamentos, al punto de que en el reporte de octubre –el último publicado en la web del Ministerio de Salud– de los “principios activos clasificados en estado de monitorización, riesgo de desabastecimiento y desabastecidos, como resultado al seguimiento realizado por el Invima”, se evidencia que de 195 elementos listados hay ocho desabastecidos y siete en riesgo de desabastecimiento, y el resto bajo seguimiento. Entre las razones de su estatus están la insuficiencia de oferentes, el aumento en la demanda, capacidad limitada de producción, escasez de insumos, relación comercial con el fabricante

Entre los desabastecidos hay componentes tan usados como la insulina (para la diabetes), el salbutamol (para asma y alergias) y hasta el virus contra la rabia. Y entre los que están en riesgo de desabastecimiento se encuentran clozapina (utilizado para tratar la esquizofrenia), enalapril (para la hipertensión), remifentanilo (agente anestésico), entre otros.

Y si hay un desabastecimiento que preocupa enormemente es el de los medicamentos para tratar la tuberculosis –este año se estima que se podrían presentar 20 mil casos–, alertado por la Asociación Colombiana de Infectología esta semana, que pide entre las acciones y recomendaciones a seguir la declaratoria de emergencia sanitaria “para facilitar decisiones administrativas y logísticas que permitan acelerar la compradisponibilidad” de los fármacos. Según la agremiación científica, el componente estaba previsto llegar en septiembre; sin embargo, su entrega se ha retrasado y solo arribaría al país en diciembre, por lo que el Minsalud activó la redistribución de las existencias entre los entes territoriales para minimizar el

impacto del desabastecimiento. De la misma manera, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica le confirmó a EL HERALDO que el desabastecimiento de medicamentos es una realidad, producto del aumento en la demanda del 128 % en los últimos años y del cambio en el perfil epidemiológico de la población, cada vez de mayor edad y con enfermedades crónicas como cáncer y diabetes, entre otras. El panorama es complejo si se tiene en cuenta que por un lado hay más enfermedades, pero por el otro menos medicamentos para atenderlas, lo que supone un mayor gasto en tratamientos para las EPS, metidas en una encrucijada y un mar de incertidumbres y de afugias económicas por la idea del Gobierno nacional de modificar el sistema de salud. Plan en el que ha gastado los dos años de mandato sin éxito en el Congreso de la República, pero ajustando vía decretos, resoluciones e intervenciones el modelo.

Lo cierto es que la realidad evidencia que la falta de medicamentos es una problemática en aumento, que demanda de manera urgente por parte del Estado soluciones de fondo que implicarán revisar, como lo ha manifestado la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, las brechas existentes para financiar la UPC (unidad de pago por capitación), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud para cubrir las prestaciones del plan obligatorio de salud.

El país lleva dos años sin poder tener un rumbo claro y definido de a dónde irá el sector salud. En una esquina el Gobierno nacional sigue con los guantes puestos sin bajar la guardia para defender a muerte el modelo que imagina. Mientras que en la otra esquina está un Congreso que ha hecho propuestas para la reforma a la salud, pero que también han naufragado. En la mitad, los usuarios y ciudadanos en general, especialmente aquellos con enfermedades crónicas y huérfanas, noqueados por la insensatez, la negligencia y la incapacidad de dos poderes que no han logrado un acuerdo para garantizarles un derecho tan fundamental como lo es la salud. ¡Prohibido enfermarse!