Una terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de concesión para restaurar los ecosistemas degradados del Canal del Dique equivale, por decirlo de algún modo, a darse un tiro en el pie. El Gobierno lo debería tener claro para no equivocarse a la hora de tomar sus decisiones.

Quien advierte sobre el incierto futuro del proyecto es el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Lo hace tras incorporar a su más reciente análisis los actuales escenarios de “exigencia de licencia ambiental por parte de la Anla, de introducción de un protocolo de la JEP para la recuperación de posibles víctimas en el Canal del Dique y de realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, producto del proceso de licenciamiento ambiental y/o de solicitudes de la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa (DACP) o de autoridades judiciales”. A primera vista, se acumulan las incógnitas.

Sin embargo, Rodríguez no deja dudas acerca de los impactos, todos negativos, en términos de afectaciones económicas y ambientales para los 1,5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre, en la zona de influencia del proyecto declarado de importancia estratégica para el país.

Sin las obras estructurales estipuladas en el contrato, por $3,2 billones, estas zonas seguirán afrontando, como hasta ahora, recurrentes problemas de navegabilidad, inundaciones en el invierno, desabastecimiento del recurso hídrico en sequía, excesiva sedimentación, degradación de ecosistemas y un largo etcétera. Es decir, las condiciones de riesgo que amenazan la seguridad de quienes residen en estos sectores vulnerables aledaños al canal continuarán deteriorándose.

Es casi seguro, al menos así lo estima el ente de control, que si se concilia una eventual terminación anticipada del contrato, la nación tendría que pagarle al concesionario, la multinacional española Sacyr, a la que la ANI le adjudicó el megaproyecto en diciembre de 2022, $350 mil millones, correspondientes a obras de mejoramiento vial y dragados de mantenimiento, adelantadas por el momento, sin haber recibido a cambio una sola intervención de gran calado.

Pésimo negocio porque las comunidades no solo se quedarían sin la solución ambiental que han demandado durante años, sino que las exiguas finanzas del Estado recibirían un durísimo golpe. Quién sabe cuánto tiempo, además, tendría que pasar para que al final la realidad de un territorio extremadamente vulnerable al cambio climático, que sí o sí debe ser restaurado, exija retornar al mismo punto de inicio para ejecutar una serie de obras que permitan mejorar las condiciones de la hidrovía a lo largo de 115 kilómetros, entre Calamar y la contaminada bahía de Cartagena.

Ejerciendo su función preventiva, además de conciliadora, convoca la Contraloría a la ANI, al Ministerio de Ambiente, que en enero solicitó una licencia ambiental, y al concesionario Sacyr a “gestionar y resolver” los cuellos de botella que mantienen paralizadas las obras de fondo. En esta dirección, lo que intenta con sensatez es que no se generen, debido a los prolongados retrasos y riesgos adicionales derivados del evidente cambio de reglas de juego, fundamentos para que el proyecto termine implosionando. Dicho en plata blanca, sería un dislate desmesurado.

No está de más recordar que en su momento la misma Contraloría, también la Procuraduría, levantó su voz para señalar potenciales riesgos del proyecto por sus componentes sociales y ambientales. Con todo, el ‘Gobierno del Cambio’, la ANI, lo adjudicó, atendiendo a la urgencia de tener un operador que respondiera de forma eficiente y articulada a las amenazas presentes en la hidrovía. La paradoja que mejor describe su accionar es que un año más tarde el mismo Ejecutivo, vía Minambiente, decidió paralizarlo de facto. Y así seguimos después de once meses.

Con un agravante, el creciente clima de desconfianza, inseguridad jurídica o malestar social de quienes aún esperan este proyecto de restauración ambiental, con impacto socioeconómico, que generaría 60 mil empleos y beneficiaría con programas de desarrollo comunitario a territorios del Caribe, que no hace falta precisar están entre los más pobres de la región. El tiempo corre. Sacyr dice que trabaja en un estudio de impacto ambiental que le tomará 14 meses, la Anla lo espera para revisarlo, pero no queda claro si lo aprobará para otorgar la licencia. Quizás de lo que habla la Contraloría es más real de lo que parece y nos quedaremos sin el pan y sin el queso.