Supergiros se hartó de tenerle miedo al miedo y tras casi un mes de asedio criminal del Clan del Golfo, el fin de semana empezó a reabrir los 3 mil puntos de atención que debió cerrar en Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena y La Guajira, por atentados e intimidaciones.

Ha sido una bien orquestada operación de acoso y derribo contra la conocida red de servicios ejecutada a sangre y fuego por los miembros de la organización armada ilegal, autodenominada ahora como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que ejerce un férreo control social y territorial en vastas zonas de la región Caribe, en especial en los municipios.

El hecho más atroz de la repudiable escalada de ataques contra la empresa ha sido el asesinato de Marlén Fernanda Mozo Jiménez, de 19 años, baleada en su puesto de trabajo, en Bosconia, Cesar, a plena luz del día, mientras atendía clientes. Tan solo seis meses llevaba la joven laborando en ese punto cuando el 4 de noviembre fue víctima de sicarios en moto.

La declaratoria de guerra contra Supergiros continuó con arremetidas violentas en Luruaco, Atlántico, y en su capital, Barranquilla. Otra vez mujeres fueron las víctimas de los disparos. Una de ellas, se recupera tras ser alcanzada por las balas y las otras pudieron esquivarlas.

Cabe la particularidad que la mayoría de trabajadores de Supergiros son mujeres, colocadoras las llaman, responsables de tramitar los requerimientos de los usuarios de la red. Entre estos, gestionar giros de dinero, pagar servicios públicos y operar como corresponsales bancarios, una actividad esencial en localidades distantes, donde apenas existen oficinas bancarias. Con el cierre de las sedes, parte de esa fuerza laboral, de la que dependen familias enteras, se quedó de brazos cruzados, pero sobre todo con la angustia de ser la siguiente víctima del plan extorsivo del Clan del Golfo que no afloja en su empeño.

Esta embestida, que puso en riesgo el pago de las transferencias monetarias del programa Colombia Mayor que contrató Prosperidad Social con Supergiros, tiene un claro propósito: sumar ingresos adicionales al portafolio de rentas ilegales que maneja este grupo criminal.

Su voracidad sin techo ni límites, al igual que su expansión territorial, como lo documentó la Fundación para la Paz (FIP), crece con velocidad. En los últimos seis años, aumentó en 95 % el número de miembros, extendió su presencia en los municipios del país: de 179 en diez departamentos subió a 238 en 16 departamentos, y de cuatro bloques con 22 frentes pasó a tener seis con 34 grupos. ¿Cómo? Perfeccionando su capacidad para reclutar más gente.

La evidente estrategia de la organización criminal de redoblar su embate extorsivo contra Supergiros, que después del comprensible desconcierto inicial decidió encararlo como una prueba de resistencia casi heroica, lo muestra fortalecido de cara a su principal objetivo: convencer al Gobierno de su indispensable interlocución como un actor clave en la paz total. Sin embargo, dada su herencia paramilitar y no política, el Clan del Golfo solo tiene un camino posible, el de someterse a la justicia, escenario incompatible con sus aspiraciones.

Pese a la determinación de Supergiros de afrontar con valiente entusiasmo la flagrante amenaza del Clan del Golfo, la preocupación se mantiene viva. Es más, la alarma debe continuar encendida, lo que demanda de los organismos de seguridad del Estado una respuesta mucho más decidida. No solo está en riesgo la estabilidad económica de una empresa con casi 30 mil puntos de atención en el país, del que derivan su sustento 70 mil personas y sus familias. También se abre la posibilidad de que se paralicen ciertos territorios por el cierre permanente de sedes que se han convertido en el epicentro de sus actividades.

Claro que la principal reacción tendría que venir de las comunidades mismas. Es difícil, cómo decir lo contrario, pero nadie debería ceder ante el chantaje ni renunciar a defender sus libertades, que es lo que buscan los violentos para declararse ganadores del círculo del miedo. Lo del Clan del Golfo con la presión a la que somete a Supergiros expone lo que todos sabemos, en especial en el Caribe colombiano, que estamos inmersos en la maldita trampa de la extorsión pagando un alto precio por mantener el derecho a permanecer vivos.