El ataque a bala cometido el pasado jueves 28 de noviembre cuando el reloj apenas marcaba las 7 de la mañana en el inicio de la jornada escolar en la Institución Educativa San Antonio de Padua, en Soledad, y que dejó heridos a la coordinadora del plantel y dos estudiantes de 16 y 12 años, evidenció nuevamente el perverso alcance del cáncer criminal que se ha enquistado en el país y del que no ha escapado a su metástasis ni los colegios: la extorsión.

El mismo día del repudiable hecho las autoridades capturaron a dos hombres jóvenes, de 23 y 21 años, quienes se desplazaban en una motocicleta y son acusados de haber llegado al colegio a entregar un panfleto extorsivo y posteriormente disparar contra los presentes al negarse a recibirlo.

A los detenidos les hallaron un arma de fuego, nueve cartuchos y cinco panfletos alusivos al grupo delincuencial ‘los Costeños’, que portaban el mismo mensaje del que había sido dejado al momento del atentado en la institución educativa. Igualmente en el curso de la investigación la Policía Metropolitana determinó que la rectora del San Antonio de Padua ya había recibido una llamada telefónica en la cual le exigían una suma de dinero para evitar ser objeto de algún atentado.

Lo ocurrido provocó el rechazo unánime de la comunidad y especialmente de las organizaciones sindicales y de maestros, que exigieron la atención de las autoridades y una investigación a fondo, en tanto que realizaron un paro de 24 horas y un plantón para exponer el flagelo que no ha dejado de lado al sector educativo y que tiene en riesgo a muchos maestros no solo en el Atlántico, sino en el Caribe y en todo el territorio nacional.

Porque sí, es real y no es nuevo ni un hecho aislado. Extorsionar a profesores se ha vuelto una práctica recurrente que se repite constantemente a lo largo y ancho del país donde operan grupos criminales organizados que también han encontrado la manera de intimidarlos y obligarlos a pagar para poder dar clases y cumplir con su labor.

De hecho, en marzo de este año la Procuraduría General de la Nación en su momento alertó, por ejemplo, a las autoridades del Magdalena por la crítica situación de seguridad para los educadores de ese departamento, puntualmente por el episodio registrado el primer día del tercer mes del año, cuando hombres armados incursionaron en la Institución Educativa Rosa Cortina, del municipio de Plato, amenazando al rector y a los docentes en frente de sus alumnos, aparentemente por “no residir en el corregimiento y por el supuesto mal servicio prestado a la población educativa”.

Otro caso se había registrado en Sabanalarga, Atlántico, en la Institución Educativa Técnico Comercial, en mayo de 2023, cuando también circularon panfletos intimidantes de ‘los Costeños’ contra la rectora, profesores y los instructores del Sena que prestaban su servicio en este colegio oficial.

Para la misma época la Asociación de Educadores de Barranquilla, Adeba, ya había denunciado también que muchos profesores debían pagar entre mil y cinco mil pesos diarios para poder llegar a sus sitios de trabajo.

La extorsión es un fenómeno criminal desbordado, un monstruo de mil cabezas al que las autoridades en ninguna de sus esferas han podido decapitar de raíz, pues es claro que desde las cárceles se dirigen las empresas multicrimen para exigir dinero a las víctimas, pese a los planes y despliegues operativos realizados por la fuerza pública.

Solo este martes se confirmó la captura de 178 personas dedicadas al secuestro y la extorsión en desarrollo de la Operación Aquiles, en un trabajo conjunto del Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación ejecutada en Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cundinamarca, Norte de Santander, Putumayo, Meta, Caldas, Valle, Nariño y Cesar, afectando a 22 grupos, entre ellos ‘los Costeños’, bajo el mando de ‘Castor’, recluido en un centro penitenciario en Bogotá.

Los planes operativos continúan y la lucha contra la extorsión produce resultados para los números, que obviamente suman y evidencian una labor sin descanso para combatirla. Otra cosa es que en la realidad estemos medianamente cerca de eliminar esta abominable práctica o al menos reducirla, sobre todo si desde los centros de reclusión quienes dirigen estas bandas dedicadas a esta actividad cuentan con toda la ‘libertad’ para seguir delinquiendo y acrecentando sus rentas criminales.