En una coyuntura crítica, justo cuando la sociedad más necesita de una prensa libre y de plenas garantías para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, Colombia ha venido experimentando en el 2024 un preocupante retroceso en este campo. Delicada realidad que obliga a lanzar una voz de alerta, sobre todo desde nuestras regiones.

Como ha estado a la vista de la opinión, el periodismo ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones con las que se pretenden socavar los mencionados derechos. Y es muy serio y muy grave que dichas consignas provengan en no pocas ocasiones de los llamados a garantizarlos, en particular, desde el Gobierno nacional. Estamos, para ser claros, ante una situación que restringe la democracia en todo sentido.

No es percepción. Está a la luz de todos el deterioro en los indicadores de libertad de prensa y la manera como, desde las instituciones, se incurre en señalamientos incendiarios e irresponsables generalizaciones que tienen un eco duradero y peligroso en la esfera pública, en particular en las redes sociales. El significativo aumento en los casos de amenazas a periodistas de los que lleva registro la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), un 24 % entre 2023 y el año en curso, se suma al descenso de cinco puestos que tuvo Colombia en la más reciente actualización del Índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de prensa en países de América, con una calificación de 40.34 puntos sobre 100.

A todo lo anterior se suma la ambientación de climas que favorecen el control político de la labor periodística y que buscan abrirles camino a regulaciones que institucionalicen la censura. Intolerable.

Esta es una realidad que no solo afecta a millones de personas que viven en ciudades, sino que toca también la vida de quienes habitan zonas de conflicto y cooptación del Estado por parte de los ilegales. En ellas, la realidad de todos los días se debate entre el silencio ante los abusos del crimen organizado que ha logrado doblegar a quienes desde medios locales han denunciado su actuar, y el asedio y el asesinato de aquellos que con gran coraje todavía arriesgan su vida en defensa del interés general. Propiciar un ambiente de sospecha y rechazo hacia la labor periodística es despejarle el camino a los violentos.

Por lo tanto, en estos días finales del 2024, propicios para los balances y las reflexiones, es relevante hacer un llamado a los colombianos a exigir y defender sus derechos a la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa. Esto implica rechazar cualquier forma de intimidación, acoso y estigmatización de la prensa y de la labor periodística plural y libre, así como de todas las formas de censura, intimidación, violencia y señalamientos de quienes hacen periodismo y opinan, en especial si se trata de mujeres.

En el mismo sentido, es necesario apartarse de las incitaciones al odio, el desprecio y la satanización del trabajo periodístico que cuestiona, investiga, denuncia e incomoda a quienes ejercen poder, sea cual sea su índole.

Por último, la invitación es a optar de manera libre por el consumo de información y periodismo a su elección, sin apasionamientos ni presiones, atendiendo criterios de interés y curiosidad informativa e intelectual para formar criterio y tomar decisiones de manera sensata y respetuosa con base en múltiples fuentes de información como presupuesto para la construcción de sociedad, país, democracia y paz. Rodear los principios de la libertad de prensa equivale a proteger un pilar fundamental de todas las libertades.