Liney Fuentes Cabrera acudió a la Fiscalía, también a la Policía, para denunciar las amenazas que en su contra profería su expareja Fabián Quintero Romero. Temía por su vida o las de sus seres amados. Sus peticiones no fueron atendidas y Jan Alexander Rocha, su hijo de 10 años, y su madre, Leski Cabrera, fueron asesinados por el exmilitar convertido en pastor, que acudió a la casa de la familia en Malambo para materializar sus sentencias de muerte. Conviene que se hable del tema con absoluta claridad, porque aunque muchos califiquen a Quintero Romero como un monstruo que, sin duda, lo es, sobre todo es un machista que pese a haber puesto fin a la relación con la víctima se negaba a perder el control sobre ella.

Su misoginia quedó retratada en los audios enviados a Liney en octubre y noviembre, cada uno más violento que el anterior. Usando un lenguaje desafiante e hiriente, tan propio de maltratadores o abusadores, la acosaba, intimidaba y hasta sentenciaba a pagar las consecuencias de unos supuestos actos que él no estaba dispuesto a tolerar, bajo los parámetros –claro– de su dictadura de macho dominador. Inconcebible pretender que la violencia psicológica, física, emocional, económica o sexual sea un asunto de lo más normal.

Acorralada por su expareja, como de hecho lo estaba, Liney se armó de valor para denunciar ante las instancias que el sistema pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género. Fue a una comisaría de familia de Malambo, a la policía de su cuadrante en ese municipio y a la sede de la Fiscalía General de la Nación, en Soledad. Nunca, dice, se activó la ruta de atención; las autoridades no respondieron su llamado de auxilio, la dejaron sola.

Sí, el Estado colombiano les falló a los Cabrera, porque no cumplió con su obligación de protegerlos ni tampoco fue diligente para investigar la denuncia de la víctima ni para prevenir el trágico desenlace de esta historia cantada en las insistentes amenazas del agresor. Su negligencia, omisión o error, llámelo como usted quiera, les costó la vida a dos inocentes, entre ellos un pequeño de apenas 10 años, a quien asesinaron por ser el hijo de. Nadie con un mínimo sentido común debería pasar por alto o hacer caso omiso de la tragedia de Liney, víctima de violencia de género, violencia vicaria y violencia institucional.

Todas ellas tienen un mismo origen: el machismo. Ese que relativiza las consecuencias de las relaciones de poder basadas en insultos o desprecios, en maltratos físicos, en el hipercontrol, que no busca proteger sino producir miedo, y en los celos que no son amor sino una forma de violencia normalizada. Seguir negando esta realidad solo abre espacios para más casos de feminicidios, 745 van este año, y todavía faltan días críticos en diciembre.

Rara vez nos referimos a la violencia vicaria, una de las peores expresiones del machismo. Hombres que asesinan a los hijos de sus víctimas para causarles un dolor inacabable, eterno, que las consumirá en vida hasta el último de sus días. Fabián Quintero Romero le descargó su arma dos veces a Jan Alexander, quien estaba jugando fútbol con otro niño en su hogar.

¿Si las autoridades hubieran actuado a tiempo con la atención e interés debidos Jan y su abuela, fallecida días después del ataque debido a la gravedad de sus lesiones, estarían vivos? Es un peso con el que tendrán que cargar en su conciencia los directamente señalados de tanta desidia e indolencia, también el resto de la sociedad que con pasmosa frecuencia normaliza comportamientos machistas u hostiles contra las mujeres y las niñas.

¿Hasta cuándo víctimas como Liney Fuentes padecerán patrones de violencia perpetrados o tolerados por el Estado? Demasiados estereotipos de género perviven aún en el interior de las instituciones oficiales en las que se hace urgente adoptar medidas internas, al igual que decisiones disciplinarias, orientadas a erradicar estructuras anacrónicas ausentes de perspectiva de género. Imprescindible formación, también reconocer errores que cuestan vidas. Porque la violencia institucional es también violencia machista, el Estado, como hace Quintero Romero, debería asumir su responsabilidad en esta tragedia prevenible. ¿Lo hará?