¿Será acaso que el conjunto de voces de distintos sectores que repudia categóricamente la campaña de desprestigio del presidente Gustavo Petro contra las altas cortes y los legisladores, porque no se arrodillan ante sus imposiciones, es el equivocado y no quien se empecina en desconocer la independencia de poderes de nuestro Estado Social de Derecho? La respuesta es evidente, como también lo es la reacción de quienes no están dispuestos a tolerar la andanada de improperios del mandatario, decidido a deslegitimarlos.

En una inusual declaración revestida de solemnidad, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país, le cantó la tabla al gobernante. Eso sí, sin perder la compostura, porque para expresar desacuerdo no hace falta ser insolente ni menos soez.

Flanqueado por los magistrados de la Sala Plena, el presidente del alto tribunal, Milton Chaverra, rechazó las “afirmaciones sin sustento alguno que sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular”. También añadió que “cuestionar las sentencias y pronunciamientos de la corporación como actos de golpe blando y perfidia, es decir, de deslealtad o traición a los principios democráticos, desconoce la función del poder judicial, que actúa libre de todo tipo de presión”. Irrebatible Petro no disimula su desafío a los jueces, a quienes gradúa de enemigos para desacreditar las decisiones que toman, sobre todo cuando son contrarias a sus intereses personales o políticos. Con ruidosos ataques de palabras gruesas, sospechas de ilegitimidad y atisbos de duda, ensucia su buen nombre, en tanto acrecienta el clima de hostilidad, desconfianza y polarización que conviene a su deliberada estrategia de forzar en la opinión pública la percepción de un ‘golpe blando’, lawfare o persecución política que solo existe en su mente.

Minar la confianza de la justicia en un país habituado a naturalizar desafueros, atropellos o arbitrariedades cometidos, inclusive, por las mismas instituciones es un atentado directo contra la defensa del orden jurídico y la sostenibilidad democrática. De ese tamaño es el disparate en el que persevera con deliberante actitud el mandatario, quien escala sus ofensas para señalar a los magistrados de acusaciones que no se sostienen por ningún lado.

Hace tiempo que Petro lanzó la primera salva contra las altas cortes para socavar la autonomía e independencia del poder judicial, pero en su estrategia de confrontación para laminar al que cuestione, refute o contraríe sus voluntariosos deseos los disparos han arreciado en la última semana. Debe ser porque esta le ha durado una eternidad, a tenor de los reveses en el Legislativo, las luchas fratricidas entre sus aliados que se acusan mutuamente de presunta corrupción, la decepción de sectores feministas de izquierda por el irrestricto apoyo que le dio al impresentable Mendoza o el rechazo de la Corte IDH que negó su solicitud para que el CNE dejara de investigarlo por violación de topes electorales.

El asunto no se trata de certificar lo evidente, sino de entender qué persigue el mandatario con sus desproporcionados ataques que no se compadecen con la responsabilidad de su investidura como la más alta dignidad del Estado. La fijación de Petro con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, podría ser la clave para descifrar el barullo perfectamente orquestado por el gobernante que ya no sabe qué más hacer para presionar al senador barranquillero que ha liderado con excepcional independencia las decisiones del Congreso.

Petro ha doctorado a Cepeda, en reiteradas ocasiones, como el artífice del golpe de Estado parlamentario, lo ha vinculado con empresas de juegos de azar y generadoras de energía y, no contento con todo ello, lo maldijo, como al resto de parlamentarios que hundieron su reforma tributaria. Al presidente le da urticaria el criterio libre de quien no sigue a pies juntillas sus resoluciones. Cepeda es un irredento, como también lo son las altas cortes, los gremios económicos, las asociaciones médicas, la prensa, los actores del sector energético…

Sin garantías estatales, el contradictor corre el riesgo de ser objeto de persecución política de quien detenta el poder máximo y que con soberbia sobreactuada se autodeclara víctima. Sálvese quien pueda. En tiempos de incertidumbre, el desprestigio es la forma de lucha para erosionar instituciones. Que nadie se duerma sobre los laureles porque si los poderes Judicial y Legislativo son la diana, la sostenibilidad democrática es el objetivo final. Urge retornar al debate de las ideas, al respeto por la diferencia y a construir consensos a favor del interés general para no ceder ante la comodidad del silencio del mesianismo y el unanimismo. Claro mensaje político de fortaleza de las instituciones a Petro. Ojalá lo valore.