El debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes se aplazó para 2025. Esto tras una caótica, por no decir bochornosa, sesión en la que no quedó más opción que cortar por lo sano. La pregunta del millón ahora es si en el ínterin el Gobierno seguirá deshojando la margarita para marchitar con deliberada intención el ya agónico sistema de salud o actuará con sentido del deber y responsabilidad de Estado para mantenerlo con vida, inyectándole los recursos que requiere con urgencia, como le piden los actores del sector.

En el cierre de un año para no olvidar, el diagnóstico que ofrecen asociaciones de pacientes, usuarios, sociedades científicas, agremiaciones médicas, colegios de profesionales de la salud y prestadores del servicio es demoledor. Cada nuevo dato o cifra que se conoce retrata la alarmante crisis estructural del sistema, pero sobre todo demuestra que la receta aplicada por el Ejecutivo para mejorar su estado no tuvo el efecto esperado y, por el contrario, ha acelerado su rápido deterioro poniéndolo al borde de un colapso en el 2025.

Miente quien diga que el sistema de salud, antes de Petro, Corcho o Jaramillo, era perfecto o el ideal. Por supuesto que encaraba desafíos complejos que, sin duda, se recrudecieron desde 2022, cuando el Ejecutivo decidió abordar la crisis en clave política, apostando por imponer a la fuerza su reforma en el Congreso y mostrándose más interesado en inducir al desastre, el famoso “chu, chu, chu” del presidente, que en encontrar salidas a los problemas.

Todo fue bien estudiado, en particular la histriónica intervención de las EPS. Hasta ahora van ocho, entre ellas la Nueva EPS y Sanitas, una más está bajo vigilancia especial y otras tres, Sura, Compensar y Salud Bolívar, pidieron su retiro voluntario. En total, son 36 millones de afiliados, 70 % de los usuarios del sistema que temen un desgaste aún más pronunciado.

Podríamos señalar muchas cosas, pero basta con advertir la creciente angustia e impotencia de pacientes, de sus familias, que se han volcado a las calles a protestar, también del talento humano en salud, que afronta desgaste emocional y físico por atrasos en pagos, falta de insumos básicos y, en general, condiciones laborales adversas, para confirmar que la estrategia del Gobierno no es el camino. En el fondo de esta crisis tan abismal lo que subyace es el persistente déficit de recursos que compromete la sostenibilidad financiera del sistema y, de paso, la garantía de un acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud.

Los hechos hablan por sí solos. En casi 37 % aumentaron las quejas ante la Supersalud en el último año por demoras y no entrega de medicamentos, debido a las deudas acumuladas con proveedores. También por la negación y retrasos en la prestación de servicios, e incluso por cancelación y reprogramación de procedimientos y tratamientos esenciales, a causa de los impagos a IPS públicas y privadas. Como cabría esperar, las tutelas crecieron 30 % desde el 2022, mientras 1.200 IPS se cerraron y 3 mil servicios médicos debieron ser clausurados.

Ahora que el Gobierno es el único responsable de administrar las EPS intervenidas que, dicho sea de paso, son las que acusan mayor deterioro de sus indicadores, debería ya tenerlo claro. ¡Pero no, qué va! Por negación, tozudez o cálculo político, persiste en defender su proyecto de ley que no resuelve la sistémica crisis de falta de recursos de la salud por desfinanciación de la unidad de pago por capitación (UPC) ni las deudas históricas con clínicas y hospitales que continúan al alza, como las pérdidas patrimoniales de las EPS.

La sordera patológica del ministro Jaramillo, a quien se le ve más cerca de retomar su carrera política de cara al 2026 que en buscar soluciones, no le permite escuchar voces distintas a la de su entorno que le hablan del fracaso de un modelo que ya echó a andar vía decretos o resoluciones y que tuvo como gran prueba de fuego el nuevo esquema de salud para el magisterio, de caída libre en sus inicios. Cuidado, los errores en salud se pagan con vidas, así que sus decisiones en este sentido no pueden ser un ejercicio de prueba y error.

A mitigar daños llaman quienes advierten, porque lo saben bien, que la debacle inminente no se resolverá con una iniciativa legislativa además desactualizada debido al agravamiento del doliente. Por el bien de los millones de usuarios, de los pacientes de alto costo, de quienes padecen enfermedades huérfanas, no sigamos perdiendo las oportunidades de dar un timonazo al manejo de la salud que no responda a peleas políticas, sino a derechos fundamentales. Lucidez ante lo relevante en un momento difícil, atendiendo lo inaplazable.