La distancia sideral que separaba las propuestas de gremios y centrales obreras sobre el aumento del salario mínimo para 2025 anticipaba el estruendoso desacuerdo en el que acabó la concertación. Empresarios sugerían un incremento de 5,2 % a 6,8 %, mientras que los sindicatos se plantaron en 12 %. Por la imposibilidad de consenso, el presidente Petro zanjó el asunto, según él para “reactivar la economía” ante el hundimiento de su reforma tributaria, decretando un ajuste de 9,54 %, que lo eleva de $1.300.000 a $1.423.500.

Monto al que se le deben sumar $200 mil, correspondientes al nuevo subsidio de transporte, con lo que el pago mensual para 3,3 millones de trabajadores formales quedará en $1.623.500. Lejos de calmar las aguas, la decisión del Ejecutivo las agitó aún más. Sería una insensatez desestimar que un aumento salarial tan significativo, valorado por la clase trabajadora como un inequívoco acto de justicia social, mejorará la capacidad adquisitiva y, por ende, el consumo de los empleados formales que lo devengan. Valga precisar, en todo caso, que se trata de un porcentaje reducido de apenas un 14 % del total de quienes laboran hoy en Colombia. El resto, es decir, la gran mayoría, no aparece cobijado por el aumento, debido a que trajinan en la informalidad, desempeñan oficios precarios o recibirán alzas inferiores.

Por tanto, la controversia radica en los efectos contraproducentes que un aumento, como el decretado, de más de 4 puntos porcentuales por encima de la inflación proyectada este año, de 5,1 %, suscitará en el costo de vida, en el mercado laboral, en la esperada reducción de las tasas de interés a cargo del Banco de la República o en el crecimiento de la economía.

No en vano, dirigentes gremiales, exministros y centros de pensamiento, como Fedesarrollo, coinciden en sus inquietudes sobre el impacto del nuevo salario mínimo en el de por sí retador escenario fiscal del país.

De entrada, analistas calculan que el aumento salarial de 9,54 % en 2025 le encarecerá el gasto al Estado en $2,3 billones, respecto a 2024, para el pago de la robusta nómina oficial, presionando aún más las apretadas finanzas públicas. Una primera pregunta que surge en tan enrevesado debate es si con todos los ajustes pendientes que deberá efectuar el Ejecutivo para cumplir el próximo año con la norma de la regla fiscal, ¿tendrá que rebajar salarios o tomar medidas más draconianas, como despedir a funcionarios o contratistas?

Otro punto a considerar en este crucial asunto es el aumento de los costos laborales para las empresas, sobre todo, para las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), que constituyen el 95 % del aparato productivo de la nación. Y aquí cabría formular otra pregunta, a tenor de su estrechez económica, ¿podrán ser capaces de asumir los nuevos incrementos en la carga prestacional y de seguridad social de sus empleados o se verán obligadas a reducir nóminas y a encarecer el valor de sus bienes y servicios para aguantar todo lo que les sea posible?

Ambos escenarios traerán consecuencias a incorporar en esta álgida polémica. Por un lado, se corre el riesgo de más desempleo y difícilmente habrá ganancias en la formalización laboral, como prevé el Observatorio Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana. Y, por otro, el indefectible aumento en productos, servicios de salud, tarifas, pasajes, multas y demás cobros indexados al mínimo y a la inflación jalonará sí o sí la cuesta de enero que podría extenderse, dependiendo de alzas en costos de producción a ser trasladados a los usuarios.

Así que al margen de las disputas de pura retórica confrontacional inane que por estos días libra el jefe de Estado en la red social X, lo evidente es que más de 10 millones de compatriotas que ganan menos del mínimo quedaron otra vez excluidos de los beneficios o alivios del aumento salarial. Y conviene preguntarse, ¿cuáles son las alternativas para elevar sus ingresos, cómo se les va a formalizar o qué se está haciendo para encarar la tasa de informalidad que va para arriba en las grandes ciudades, acercándose a un dramático 60 %?

De eso es lo que se debe hablar, de mejoras en la productividad, de atajar el subempleo, en vez de estar buscando réditos políticos o electorales con el sentir de gente vulnerable que labora en las periferias de la formalidad, en economías sumergidas que conspiran contra la reducción de la pobreza e inequidad. Lamentable, porque nos seguimos equivocando en el foco de la discusión.