El aumento de 5,36 % en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 sería la estocada final del Gobierno al agonizante sector de la salud.

Luego de conocerse al final de 2024 el monto del incremento equivalente a $77.403 para el aseguramiento anual de afiliados a EPS del régimen contributivo y de $67.325 para los del subsidiado, pacientes, gremios y actores del sistema expresaron total desacuerdo. Advirtieron sobre mayores riesgos de desfinanciamiento progresivo que imposibilitarían garantizar la adecuada prestación de los servicios debido a la falta de recursos.

Tanto los temores como el rechazo general ante lo que califican de aumento o reajuste insuficiente de la UPC para cubrir los costos reales del sector, con relación a servicios médicos, medicinas y tratamientos para la gente, no son infundados.

El sistema muestra claras señales de deterioro y 2024 habría acabado con un déficit de $9,9 billones, de acuerdo con cálculos del centro de estudios económicos ANIF y de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, Afidro, mientras que el gremio que representa a las aseguradoras de salud, Acemi, lo tasa en $5,8 billones.

Se esperaba que después del crítico 2024, en el que se dispararon las quejas o reclamos de usuarios al igual que las tutelas demandantes de atención oportuna, la UPC subiera entre 18 % y 16 % para asegurar continuidad en servicios.

Era una propuesta con sustento técnico formulada por distintos sectores. Sin embargo, no deja de ser insólito constatar que el ajuste del Gobierno ni siquiera alcanzó lo correspondiente al alza del salario mínimo, de 9,54 %, que él había decretado días atrás.

Es de sentido común suponer que si el incremento de la UPC, decisión exclusiva del Gobierno, quedaba por debajo de lo necesario para empezar a cerrar el hueco acumulado o las deudas históricas del sistema, que ya oscilan entre $11 y $25 billones, el déficit crecerá otros $10 billones.

En consecuencia, más temprano que tarde su sostenibilidad financiera colapsaría, dejando a millones de colombianos en el peor de los limbos. ¿Es esto a lo que se refería la exministra Carolina Corcho con su tesis de la crisis explícita del sector o el célebre chu, chu, chu del presidente Petro?

Por lo pronto, el Gobierno se atrinchera para defender su aumento. Argumenta que usó como punto de partida el IPC de noviembre de 2024, al no poder calcularlo de otra manera “debido a la baja calidad, poca confiabilidad e inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”, a las que acusa de no entregarla de manera “oportuna y clara”. Desafiante señalamiento que demuestra una vez más, por si hiciera falta, el desgaste absoluto de una relación signada por la desconfianza, los reproches y las acusaciones mutuas.

Aunque cabe preguntarse, si más del 60 % de las EPS del país están hoy intervenidas, ¿por qué el ministerio no accedió a esos datos con facilidad?

En todo caso, aunque es cierto que la administración Petro heredó de sus antecesores la indefectible crisis de la salud, también lo es que en sus manos, como el directo responsable de dictar las directrices, y en las de sus dos ministros, Corcho y Jaramillo, esta ha envejecido de la peor forma posible.

Entre otras cuestiones, porque han antepuesto a las urgencias de usuarios, pacientes y del talento humano en salud su determinación política de sacar adelante –a toda costa– en el Congreso su reforma que insisten en vender como la panacea para sanear las muchas dificultades del sector.

¿Cuánto más pretenden estirar una cuerda a punto de reventarse después de encadenar déficits por calcular el valor de la UPC con proyecciones desfasadas de inflación versus inflación real durante los últimos tres o cuatro años? No sorprende en absoluto la desfinanciación del sistema que ha triturado a EPS e IPS por la escasez de recursos, sin desconocer cuestionables manejos del dinero destinado a costearlo exclusivamente.

La presión revanchista que ahora ejercen resulta una jugada muy riesgosa que podría derivar en cierre de más clínicas, clausura de servicios y desabastecimiento.

Lejos de ser pesimista, la sentencia de Acemi sobre el futuro del sistema es realista: “Simplemente no alcanzará el dinero para cubrir la atención de los colombianos”. Por lo cual, usuarios y, sobre todo, los enfermos de alto costo tendrán que meterse la mano al bolsillo para pagar sus medicinas e incluso procedimientos a los que ahora acceden vía cuota moderadora. De eso hablan los análisis cuando describen un sector insostenible.

Pese a que asociaciones de pacientes, no tenidas en cuenta para definir la UPC, solicitaron una mesa técnica, el ministerio la descartó. Debería reconsiderarlo porque el llamado de estos compatriotas no es un capricho ni un chantaje, solo se sustenta en el legítimo deseo de preservar la vida de millones de personas. Que el Gobierno no se equivoque más.