Como bien lo ha dicho el presidente del Congreso, el senador atlanticense Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, uno de los grandes retos de este periodo legislativo, el segundo de la tercera legislatura del Congreso actual, es que se mantenga la independencia entre los poderes públicos, sobre todo, entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Varios roces se han presentado entre el Capitolio y el presidente Gustavo Petro, particularmente cuando las iniciativas de ley o de reforma del Gobierno, polémicas algunas, se hunden o no avanzan al ritmo que quisiera el primer gobierno de izquierda en la historia del país en un Congreso que tiene las mayorías en los partidos de centro y de derecha.

Las redes sociales y los discursos presidenciales suelen ser los escenarios en los que el jefe de Estado se despacha contra la cabeza de turno de la cámara que no le caminó, que casi siempre es la alta, esto es el Senado, o contra el parlamentario que critica los articulados propuestos o las actuaciones del mandatario o su gabinete. Y si bien queda claro, como lo ha esgrimido el propio presidente de la República, que este tiene el derecho a expresarse y a defenderse, no es menos cierto que precisamente su investidura le obliga en el deber de mantener esa misma expresión y defensa en el tono justo para que los demás poderes, en especial para este caso el Legislativo, no lo sienta como una intromisión a su autonomía y en el propio Estado, que el propio Petro regenta, no se resquebraje el principio magno de la separación de poderes, pilar de la democracia.

Por supuesto, también es menester que el mandatario pueda promover sus leyes y reformas y que pueda, en una conversación deseable con la ciudadanía y los representantes de esta ciudadanía en el Capitolio, plantear las que considera sus bondades y justificaciones para que entren a regir como normas en el entramado legal y jurídico del país.

En palabras de Montesquieu, uno de los principales teóricos de la separación de poderes en la Ilustración, los poderes públicos deben interpelarse a sí mismos: “Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder”.

Más cerca de estos lares y un solo unos cuantos años después en el tiempo, el político y militar venezolano Francisco de Miranda, creador del proyecto geopolítico de Colombia que luego Simón Bolívar intentó llevar a cabo al libertar a Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, coincidió: “Se olvida que los tres poderes son como centinelas avanzados para velar por la seguridad del Estado, y que si uno de ellos se aparta de sus funciones, el deber de los otros dos es dar el alarma, para que el pueblo así advertido provea a su salud y a su seguridad”.

Por ello, es motivo de regocijo cuando Petro o su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llaman al acuerdo nacional, conversan con los partidos, disponen audiencias públicas sobre sus articulados, pero luego es asunto de desconcierto el hecho de que las leyes y reformas lleven solo, o en mayor medida, los puntos de vista de la Casa de Nariño y que ante los tropiezos de las iniciativas o los controles políticos al Gobierno, las vociferaciones desde las tarimas o los ‘trinos’ encendidos den al traste con aquellas buenas primeras intenciones.

En todo caso, se espera que en este periodo legislativo, que arrancaría en sesiones extras posiblemente desde el próximo 3 de febrero, según lo dio a entender el jefe de la cartera política, y no desde el 16 de febrero, que es el nuevo inicio de las sesiones ordinarias desde hace un par de años, llegue con deliberación, con controles entre los poderes, con críticas, con independencia y también con acuerdos, con colaboración y con respeto. Porque lo primero no quita lo segundo.

Lo escribió hace 100 años el juez Louis D. Brandeis, de la Corte Suprema de los Estados Unidos: “La doctrina de la separación de poderes fue adoptada no para promover la eficiencia, sino para impedir el ejercicio del poder arbitrario. El propósito no era evitar la fricción, sino, por medio de la inevitable fricción incidente a la distribución de los poderes gubernamentales entre tres departamentos, salvar al pueblo de la autocracia”.