¿Novedad? Ninguna. Era cuestión de tiempo para que la Superintendencia de Servicios Públicos, como anticipó EL HERALDO, cambiara la modalidad de su intervención en Air-e, de fines administrativos a liquidatorios. La “compleja” condición financiera y operativa que arrastra desde tiempo atrás la comercializadora de energía, como confirmó el revelador diagnóstico de gestión divulgado por el agente interventor, la ha hecho totalmente inviable.

Punto por punto, los hallazgos consignados en el informe de Edwin Palma dan cuenta de una crisis estructural profunda que sitúa a 1.3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, por decir lo menos, en el filo de la navaja frente a la posibilidad de un apagón.

Por un lado, hablan de indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos; obligaciones causadas por $1,9 billones al momento de la toma de posesión, principalmente por demoras en pagos a proveedores, sobre todo a generadores y a XM, lo que aumentó su exposición a bolsa en el mercado de energía; una caja limitada de $30 mil millones; retrasos significativos en la ejecución del

plan de inversiones en infraestructura que dispararon fallas técnicas y pérdidas; de baja efectividad en el recaudo y falta de mantenimiento preventivo.

Por el otro, documentan supuestas irregularidades, como racionamientos “disfrazados” en jornadas de mantenimientos, incumplimientos en contratos de energía, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, entre otros manejos que habrían acelerado el deterioro en la calidad del servicio. En definitiva, el dictamen es desolador porque retrata a una empresa superada por sus pérdidas, estimadas en $1,4 billones en 2024, endeudada, incapaz de generar ingresos para cubrir gastos y costos, pagar deudas y garantizar liquidez.

Alarmante, sin duda. Pero a este relato, duramente cuestionado por los accionistas de Air-e, le faltan piezas para ser del todo creíble. Si la Superservicios ejercía una labor continua de control, inspección y vigilancia sobre la empresa, ¿por qué no detectó a tiempo la deriva en la que caía? ¿O es que cómo pasó en la aciaga era de Electricaribe miró hacia otro lado?

A la espera de claridades adicionales, algunos expertos demandan que se realice una auditoría forense, el Gobierno nacional definió la hoja de ruta para asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa y, de paso, la continuidad en la prestación del servicio. Esta jugada inicial compromete recursos por $100 mil millones para compra de energía y otros $300 mil millones, vía inclusión de las certificaciones de subsidios de energía.

Parece poco, a tenor de la magnitud de la crisis financiera, técnica y operativa de la compañía, sin embargo ante el cataclismo en curso urge ganar tiempo. Sí, tiempo que, a primera vista, no se tiene, porque cada día que pasa sin que se adopten las soluciones definitivas encaminadas a construir un nuevo modelo de operación, distinto al hasta ahora fallido sistema de energía eléctrica implementado en el Caribe, como lo han demostrado los sucesivos descalabros de los últimos 20 años, la situación se hará más y más insostenible.

No será fácil cambiar la historia que no es nada distinto a modificar la estructura existente. Se requerirá de una amplia discusión de carácter técnico con enfoque territorial, del análisis de propuestas audaces, como constituir una empresa

mixta de energía, y de sincerar la realidad del mercado y de la misma Air-e, a la que el Gobierno todavía le adeuda lo correspondiente a la opción tarifaria y a los subsidios de estratos 1, 2 y 3. Que no se olvide.

Este ha sido un problema tan grave como lacerante para la región Caribe que se trató de resolver imponiéndonos un régimen tarifario lesivo, entre otras decisiones leoninas. Así nos fue. Hemos terminado con el pecado y sin el género, en medio de nuevas alertas elevadas desde un sector esencial que acusa un marchitamiento financiero. Esperemos que el Gobierno cumpla con sus compromisos, solvente la empresa, le dé liquidez y flujo de caja, vía Fondo Empresarial de la Superservicios, para mantenerla a flote y honre sus obligaciones.

Como hemos reiterado con insistencia a la hora de reclamar la puesta en marcha de salidas viables a la prolongada crisis energética del Caribe, nos merecemos que los responsables pongan los pies en el suelo y actúen con sensatez y celeridad, guardando total distancia de cualquier dogmatismo político e ideológico. Porque, está claro, que llegar tarde no es llegar.