Hace un par de semanas inició su gestión al frente de la Procuraduría General de la Nación Gregorio Eljach Pacheco, hombre caribe, ternado por el presidente Petro y elegido por el Senado en una votación histórica. La opinión pública lo recuerda precisamente como el secretario general del Senado, labor que desempeñó durante 12 años, y de la que conserva cercanías en todos los sectores políticos. Sin duda, una fortaleza, porque aunque el Congreso es el escenario de controversia por naturaleza, desde todas las orillas ideológicas, le dieron su voto de confianza para liderar el Ministerio Público en los próximos cuatro años.
De hecho, entre sus mensajes al asumir las riendas de la entidad, se destacaron tres anuncios. Primero, la independencia que mantendrá, dice, frente a los poderes públicos; segundo, que no habrá cambios estructurales en medio de tantos vientos reformistas; y tercero, que buscará consensos en medio del polarizado quehacer político nacional, signado por el rumbo del primer gobierno de izquierda y un Legislativo que reivindica su autonomía.
En público y en privado, Eljach insiste en defender un “diálogo para el consenso, entre todos los estamentos de la sociedad, con búsqueda de soluciones a conflictos sociales y políticos, lo que implica escuchar con atención a los otros y ceder algo de lo propio”. Pero, ciertamente, su augurio de independencia y autonomía del ente de control disciplinario, más que un postulado tendrá que convertirse en un hecho: sus decisiones investigativas y sancionatorias deberán darse en derecho y sin dejar sombra de dudas relacionadas con sus vasos comunicantes en el Capitolio Nacional ni con la nominación de la Casa de Nariño.
En ese sentido, ante comprensibles reticencias de sectores políticos, él mismo adelantó que los procuradores delegados que tengan o reciban procesos contra legisladores y funcionarios gubernamentales deberán poder ejercer sus pesquisas en completa libertad y, dado el caso, cuando el expediente llegue a su despacho, su formación jurídica le permitirá sopesar con las normas un eventual impedimento o una magistratura moral y transparente. De igual modo, dio un parte de tranquilidad a los colombianos sobre el espinoso tema de las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular, sobre las que se enfrentaron constantemente Petro –montado en la decisión favorable en su caso emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- y la exprocuradora Margarita Cabello Blanco –a quien las altas cortes, como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, le dieron la razón-. Eljach apostará por consensos “para el bien de la democracia”.
Aclaró que de su pulso y firma irán los conceptos favorables o desfavorables que tendrá que presentar el Ministerio Público ante la Corte Constitucional con relación a las demandas contra las principales reformas del Gobierno, sobre todo la pensional y la de salud, sobre las que su antecesora ya expuso con claridad ante el máximo tribunal guardián de la Carta Política los riesgos que conllevan. Y, adicionalmente, otro de sus retos será instaurar, dentro de la entidad de 4 mil funcionarios y un presupuesto para 2025 de $1,5 billones, el plan de austeridad decretado por el Gobierno Petro en el escenario de la desafiante estrechez fiscal. De su talante de demócrata y su postura al centro de la balanza habla con suficiencia y buen augurio el episodio de esta semana, cuando el jefe de Estado atacó una vez más al presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, por la caída de la ley de financiamiento. El procurador, sin ambages, le dio la razón al jefe del Legislativo, argumentando la independencia de los poderes públicos en la toma de sus decisiones y convocó al respeto.
Por ahora, el país le desea buen viento y buena mar al nuevo procurador, como el representante que es de la sociedad colombiana, quien debe velar por el bienestar de todos, en derechos para la ciudadanía y deberes para los funcionarios. En consecuencia, no nos queda sino hacer votos para que cumpla su cometido al frente de la entidad, tal y como se lo comunicó a EL HERALDO: “Espero que al finalizar mi periodo haya contribuido de manera cierta, eficaz, con todos los instrumentos que la Constitución y la ley le dan a la Procuraduría General de la Nación, a crear un clima de entendimiento institucional que le permita a nuestra nación avanzar de manera tranquila y en paz a estadios de prosperidad”. Adelante procurador, su labor es esencial para la marcha de nuestro Estado de Derecho.
