En el actual trance del caótico gobierno de Petro, si se habla de un sector devastado por su crisis abismal que no ha sido abordada ni mucho menos resuelta con la idoneidad requerida por los responsables directos de hacerlo, todas las miradas se dirigen indefectiblemente al de la salud. Diagnóstico todavía más grave cuando diversos hechos nos confirman que semejante coyuntura ha sido agudizada por ellos mismos de forma intencional debido a su habitual adanismo de arrasar lo que existe para hacerlo de nuevo a su imagen y semejanza.
El drama que a diario afrontan millones de ciudadanos desprovistos de servicios esenciales, como atención primaria, citas con especialistas o dispensación oportuna de medicamentos, retrata no solo el sectarismo, también la impericia de altos funcionarios gubernamentales, quienes prometieron que en sus manos todo mejoraría ostensiblemente. Pues nunca pasó.
raría ostensiblemente. Pues nunca pasó. Transcurrido casi un año de su intervención a varias EPS, a las que se jactaron de señalar como las principales responsables del supuesto desastre del sistema de salud, el deterioro se ha disparado a tal punto que este derecho fundamental –que iban a garantizar con acciones prioritarias– se encuentra más que comprometido. No en balde nuevas encuestas indican que el acceso a la salud desbancó, y de lejos, a la crisis de inseguridad del primer lugar de las preocupaciones de la gente. Esta es una herida abierta, sobre todo en los pacientes con enfermedades huérfanas o de alto costo, que se profundiza cada día más, abandonada a su suerte, por un gobierno que se quedó en la narrativa sin ser capaz de encontrar el remedio.
Aunque a tenor de este naufragio es posible afirmar que tampoco le interesa aplicarlo, lo cual es aún más hiriente para la dignidad de pacientes, cuyas vidas están en un grave riesgo.
Ante la aproximación sesgada o ideologizada del Gobierno, en cabeza del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que relativiza el aumento gradual de la crisis, la reciente decisión de la Corte Constitucional no da lugar a equívocos para proteger la salud de los colombianos. En derecho y con firmeza, no existe mejor modo, el alto tribunal responde a la actitud dilatoria, displicente, deliberada e irresponsable del ministerio que con argucias jurídicas intentó eludir el cumplimiento de sus autos. Zanjan los magistrados toda discusión sobre dudas con un lacónico nada que aclarar, disipando también cualquier atisbo de burla.
Seguir ignorando o bailándole el indio, como diríamos en el Caribe, a las perentorias órdenes de la Corte no era una opción. No cuando el desacato se asomaba a la vuelta de la esquina una vez habían comenzado a correr los términos establecidos por el alto tribunal.
De modo que el Ministerio de Salud anunció oficialmente que ajustará, reconocerá y pagará a las EPS lo correspondiente a los recursos por Presupuestos Máximos desde 2022, comenzando por un desembolso cercano al billón de pesos, mientras avanza en el recálculo de la metodología para fijar un nuevo monto para la insuficiente Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Sin duda, es una noticia alentadora que insufla oxígeno de cara a resolver la grave crisis financiera del sector, pero apenas es un primer paso. Las determinaciones del alto tribunal abarcan un número importante de tareas para destinar los recursos necesarios para cubrir de una forma eficiente los servicios y tecnologías demandados por los usuarios. Es claro que el ministro acata lo ordenado por la Corte, que revalida su papel de garante de los derechos fundamentales de los colombianos, pero eso no significa necesariamente que cambie sus posiciones –sustentadas en análisis falaces– sobre la realidad del sector. En todo caso, en sus manos está avanzar en la resolución de la crisis. También en las del jefe de Estado que tras su retorno al país bien podría ocuparse del asunto que más agobia al pueblo.
Y como seguro mató a confianza, conviene que el procurador Eljach mantenga su ojo avizor en una cuestión que es ya un tema de vida o muerte para un creciente número de personas.
Así que actúen con urgencia, pero antes que nada con responsabilidad. Válido también para los miembros de la Cámara de Representantes, donde la semana anterior la inconveniente reforma a la salud, tal cual como está diseñada, tuvo un atropellado tránsito por la deriva de gobernabilidad de un Ejecutivo interino, errático y débil. Demuestren liderazgo y con decisión, sin dogmatismo, encaucen el camino. Aún están a tiempo. Quisiéramos no tener razón, pero el acelerado destrozo del sistema nos confirma que ha sido una destrucción fríamente calculada que será posible revertir si quien activó el chu, chu, chu echa el freno.