La autonomía regional es un sueño que se ha gestado, en gran medida, desde el Caribe colombiano. Este proceso se ha concebido como una vía para resolver las deudas históricas que existen en los territorios a causa del asfixiante centralismo.
El tiempo ha sido testigo de las diversas iniciativas impulsadas desde esta zona del país para que los departamentos, municipios y distritos tengan la capacidad de tomar decisiones que impacten directamente su desarrollo y bienestar.
A principios del siglo XX, los representantes de grupos empresariales y políticos de la región conformaron la Liga Costeña como una plataforma para defender los intereses de esta zona del país; sin embargo, claudicó años después sin cumplir su propósito.
Varias décadas más tarde, en la Asamblea Nacional Constituyente se cimentaron las bases para reconocer a Colombia como un país de regiones. Desde ese momento se ha recorrido un camino pedregoso debido a la falta de voluntad política y la persistencia de estructuras que limitan el ejercicio real de la autonomía.
En la Carta Magna se incluyó la figura de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) para fomentar la descentralización y planear el desarrollo regional. En el año 2017, siete departamentos del Caribe dieron un paso más en este sentido con la formalización de esta entidad.
Esa victoria temprana estuvo antecedida por el Voto Caribe, un episodio inédito en la historia regional, cuando más de 2,5 millones de ciudadanos salieron a las urnas y expresaron su respaldo a la constitución del Caribe como “una entidad territorial de derecho público, con autonomía, para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.
En la actualidad, desde la RAP –cuya presidencia está en cabeza del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien desde distintos escenarios ha impulsado acciones para lograr la autonomía regional– se ha avanzado en la implementación de un plan estratégico que incluye cinco ejes para la formulación de proyectos que permitan cerrar brechas y mejorar el bienestar social del territorio.
A esto se suma que, recientemente, más de 70 alcaldes del Caribe colombiano se reunieron en Cartagena para darle vida a la Liga Caribe de Alcaldes, una plataforma liderada por el mandatario de los cartageneros, Dumek Turbay, con el objetivo de abordar de manera inclusiva problemáticas como la seguridad, los servicios públicos, los proyectos de infraestructura regional, la descentralización institucional y la autonomía regional.
Al margen de esta continua lucha, una de las principales demandas ha sido la transformación del Sistema General de Participaciones (SGP), que regula los recursos transferidos desde la Nación a los entes territoriales para atender los crecientes desafíos en educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
Por ello, la promulgación y sanción del acto legislativo de reforma al SGP puede y debe celebrarse como un paso importante para alcanzar este propósito, ya que permitirá que las regiones –de forma paulatina, hasta el año 2038– pasen de recibir el 22 % al 40 % de los ingresos corrientes de la Nación.
Eso sí, no tendrá el peso suficiente si no se avanza rápidamente en el trámite y aprobación de la ley de competencias, a partir de una amplia discusión que incluya a diversos sectores del Gobierno, la política y las comunidades.
De forma paralela, desde el Caribe colombiano ha surgido la posibilidad de volver a las urnas en 2026 para que, a través de un referéndum, las regiones se conviertan en una Entidad Territorial (RET) para que los territorios puedan obtener mayores recursos, autonomía y dejen de lado el lobby permanente ante las entidades del Estado.
La autonomía regional debe abandonarse como un discurso vacío y visionarla y concretarla como lo que es: un imperativo para dinamizar el desarrollo de los territorios. Y aunque el camino por recorrer es “largo y culebrero”, es fundamental que todos los sectores se unan alrededor de la trascendental misión.
