La minería ilegal afecta ya a 29 de los 32 departamentos de Colombia, reveló un alarmante informe de la Procuraduría General de la Nación. El reporte pone de manifiesto la expansión de la actividad, principalmente en zonas de Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, se calcula que más del 50 % de los municipios del territorio nacional han sufrido los estragos derivados de la extracción ilícita de minerales, a la que se dedican unas 350 mil personas.

Sin duda, lo más complejo de este conflicto socioambiental son los descomunales daños que provoca. Casi todos, vinculados a desplazamiento forzado, violencias, explotación laboral y aumento de riesgos para la salud de quienes ejercen el oficio en condiciones precarias y de las comunidades ribereñas, sobre todo las más vulnerables, como menores y mujeres embarazadas, debido a la contaminación con metales o químicos de alta toxicidad.

Entre los registros más acreditados aparece el de Organización Pure Earth, financiado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que durante seis meses, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, recolectó muestras que confirmaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varios departamentos del país. A este se le debe añadir el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que precisa cómo la minería de oro de aluvión abarca 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita la responsable del 73 % de esta actividad, agravada por la contaminación con mercurio y la deforestación. Ambos datos fueron incluidos en el análisis de la entidad.

Estamos, sin duda, ante una situación extremadamente grave, considerando que Colombia, como indica el Ministerio Público, es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita en el mundo y el tercero que más contamina con este metal, en todo el planeta. Situación perturbadora, por decir lo menos, que ha generado daños irreversibles en buena parte de sus ecosistemas y en la salud de la población, en especial la que reside en nuestra ruralidad.

Con todo, encontrar una salida a esta problemática social, ambiental y económica no ha resultado posible. La lucha contra la minería ilegal deja cada año, en el país, la captura de centenares de personas, la intervención de miles de minas en complejos clandestinos y la destrucción de dragas, excavadoras, y otros elementos usados en la explotación ilícita que, a decir verdad, no redundan en su terminación y ni siquiera en una reducción significativa.

Por el contrario, la minería ilegal, y todos sus negocios asociados, se ha convertido, de acuerdo con las autoridades, en una de las rentas ilícitas más lucrativas dentro del diversificado portafolio criminal de organizaciones armadas al margen de la ley que instrumentalizan a campesinos, mineros artesanales y ancestrales en vastas zonas del país.

Garantizar su protección o salvaguardarlos del avance de las estructuras ilegales, como le ha reclamado la Defensoría del Pueblo al Estado, es un paso imprescindible en el camino de superar los conflictos de distinta naturaleza que pesan sobre esta actividad. También lo es definir un modelo minero que asegure sostenibilidad social, económica y ambiental, bajo directrices de concertación, gradualidad y planificación técnica, como plantean académicos.

Uno de ellos, Jaime Arias, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, compara el fracaso de la guerra estatal contra el narcotráfico con el de la minería ilegal, por lo que sugiere explorar otros caminos, como el de la legalización o formalización, para lo que haría falta entender la configuración de su cadena de valor. No solo eso. También se requiere sumar esfuerzos del gobierno, sociedad civil, comunidad internacional y el sector privado para asumir el desafío. Por todo ello, el llamado es al Congreso para que consolide su propuesta de nuevo Código Minero que debería remediar la actual indefensión de los mineros artesanales y ancestrales y la desprotección ambiental.