El esquema fraudulento del que se lucraban al menos 36 IPS denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) es un escándalo descomunal. Resulta todavía más vergonzoso que 28 de esas clínicas de ‘papel’ estén ubicadas en Atlántico: 12 en Soledad, 6 en Malambo, 5 en Barranquilla, 3 en Sabanalarga, una en Baranoa y la restante en Galapa, según auditorías de la entidad oficial.

La máquina de corrupción operativa durante los dos últimos años, como mínimo, facturaba miles de millones de pesos por prestar supuestos servicios médicos a víctimas de siniestros viales de vehículos sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o en los que no se identificaba al responsable. ¿En qué radica la irregularidad? Ninguna de las instituciones prestadoras de salud (IPS) denunciadas, asegura la Adres, cuenta con la infraestructura física necesaria para atender a personas heridas o lesionadas involucradas en los incidentes.

Sobre el terreno, porque es parte de nuestro trabajo, EL HERALDO buscó las direcciones de las IPS registradas para comprobar la veracidad de los señalamientos de la Adres. En sus sedes de Soledad, Barranquilla o Malambo funcionan tiendas de barrio u otros negocios de distinta naturaleza, como ferreterías, restaurantes o misceláneas con venta de minutos. Da igual. Salta a la vista, como lo evidenciamos en nuestras ediciones impresa y digital, que no son clínicas, consultorios, centros médicos o nada que se les parezca. Por si hiciera falta información adicional, ni los encargados de los locales ni sus vecinos las tienen en el radar.

Es más, en algunos casos las direcciones de las sedes relacionadas en la base de datos de la Adres no son reales. De hecho, ni siquiera aparecen en los mapas de localización ni mucho menos en los barrios señalados porque increíblemente las calles no existen. Ese es el nivel de descaro o de cinismo de las cuestionadas IPS que, de acuerdo con la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, radicaron en septiembre de 2024 cuentas por unos $79 mil millones, cuyos pagos -debido a las irregularidades detectadas- les fueron suspendidos.

Este desangre al sistema de salud, denunciado en reiteradas ocasiones por la misma Adres y Faselcoda –el gremio de las aseguradoras- no es un mal nuevo ni tampoco menor. Pero, sobre todo, no surge por generación espontánea. Las IPS, como instituciones jurídicas que son, requieren registro o habilitación de las secretarías de salud para su funcionamiento y, en primera instancia, son esas mismas entidades oficiales las que deben ejercer el control de prestación de servicios y de oportuna atención a los usuarios bajo estándares de calidad.

Cualquier omisión en ese sentido compromete a las secretarías de municipios, Barranquilla o la del Atlántico, exponiéndolas a riesgos de complicidad deliberada o intolerable descuido.

Estafas o fraudes similares por el cobro de reclamaciones millonarias para cubrir servicios médico-quirúrgicos no prestados, a cargo de clínicas de ‘papel’ o IPS ‘fantasma’, le han pasado una factura impagable al desfinanciado sistema de salud colombiano. Lo más insólito o sorprendente no solo es que continúe sucediendo, pese a los reforzados controles adoptados por los distintos gobiernos, sino que en torno a esta naturalizada práctica predomine una sensación de impunidad en la que tantos se sienten cómodos, a sus anchas.

Como otras veces, los medios -que estamos lejos de ser infalibles- podemos denunciar e intentar quebrar la ley del silencio que prevalece en torno a corrupción, amiguismo, tráfico de influencias o puertas giratorias, tanto en el sector público y privado, pero impartir justicia no está en nuestras manos, sino en la Rama Judicial. De manera que la Fiscalía, inicialmente, y los jueces, más adelante, deben actuar en consecuencia para acabar de una vez por todas con esta vagabundería, de la que tantos arropados con la cobija del ‘tapen-tapen’ se enriquecen a costillas del erario, mientras la ciudadanía carece de servicios dignos de salud.