Nuevamente se activan las alarmas por la crítica situación financiera que compromete la viabilidad del proyecto de concesión Autopistas del Caribe, corredor de carga Cartagena-Barranquilla. Acierta su representante legal, Ernesto Carvajal, cuando se refiere a él como un “contrato en cuidados intensivos”. La lógica no se equivoca. Si el recaudo de sus seis peajes –única fuente o mecanismo de financiación de un proyecto de estas características– no se regulariza o, al menos, asegura, como no ha sido posible hacerlo desde 2021, a la iniciativa privada no le quedará otra opción que liquidarlo para dejarlo en manos de Invías.

Si este escenario se concreta más temprano que tarde ante la imposibilidad de darle cierre financiero a la megaobra de infraestructura, en la que se debían invertir $4,4 billones para construir nuevas segundas calzadas, variantes, puentes peatonales y para su operación y mantenimiento, el impacto para la conectividad vial entre Bolívar y Atlántico será enorme.

Porque en definitiva nos quedaremos sin el pan y sin el queso. Es decir, sin la ejecución de un proyecto concebido para mejorar las condiciones de movilidad, seguridad o accesibilidad del corredor vial entre su punto de origen y de destino, porque no se alcanzó el recaudo requerido en su estructuración. Y sin que se satisfaga la demanda de sectores sociales o políticos que exigen el desmonte de los peajes, hoy a cargo de la concesión. Entre estos los de Turbaco, Galapa y Sabanagrande, donde han sido reiterativas las protestas desde diciembre de 2021, cuando comunidades decidieron levantar las talanqueras de las casetas.

A estas alturas, si alguna certeza existe alrededor de un proyecto que parece haber iniciado la cuenta regresiva para la terminación del contrato suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión es que Invías no renunciará al cobro de los peajes. Eso equivaldría a lanzarse un tiro en el pie porque, siendo así, ¿de dónde saldrán los recursos para el mantenimiento del corredor vial que, por el momento, no tendrá mejora alguna con todo lo que ello significa para la competitividad de sectores productivos de la región Caribe?

En tiempos de ‘vacas flacas’ o de estrechez e incapacidad fiscal del Gobierno que está en mora de apretarse aún más el cinturón para que las cuentas le cuadren, destinar billones de pesos a ejecutar un proyecto concesionado resulta, por decir algo, quimérico. Tampoco se prevé realista que la ANI –a partir de este mes cuando se agoten los fondos– sume nuevos recursos a la subcuenta especial para pagar las compensaciones a Autopistas del Caribe por el menor recaudo de los peajes. Puntualmente, en el caso de la caseta de Turbaco, que representaba el 39 % del total del tráfico de la vía; el diferencial tarifario y la no operación de la de Arroyo de Piedra, en Luruaco, que por la oposición del municipio, no se construyó.

Lo que pase en los próximos meses se avizora incierto. Ninguna señal del Ministerio de Transporte, que acaba de renovar sus cargos más determinantes: desde la jefatura de la cartera hasta la presidencia de la ANI, pasando por la dirección de Invías, indica los frentes a considerar. Sobre todo porque la revisión contractual del proyecto no encontró en los últimos años alternativa viable para el cierre financiero sin el cobro de peajes. También porque el presidente Petro, con su insinuación de supuesta corrupción en el ministerio, estima que este habría sido coaptado por las concesiones privadas. Complicado panorama.

No cabe duda de que si el proyecto se trunca se debilitará aún más la confianza de los inversionistas que se marchan o dan pasos al costado desconcertados por la inseguridad jurídica, producto de cambios en las reglas pactadas en los contratos. Ese factor sumado al deliberado interés de líderes populistas que, ocultando sus verdaderas razones electoreras usan a la gente para hacer de la lucha contra los peajes su lanzadera política, han fomentado inestabilidad en el modelo de APP que amenaza el futuro de la infraestructura de la nación.

Válido, al ciudadano no le gusta pagar peajes, aquí y en Cafarnaúm, pero en nada, cuando las vías convertidas en cráteres –sin que nadie se ocupe de ellas– frenen la conectividad vial y lastren el desarrollo económico de territorios, lamentaremos no haber hecho lo suficiente para hallar opciones. ¿O será que ellos tienen alguna? Veremos cuando lleguen al Congreso.