Distrito y Alcaldía de Puerto Colombia dieron a conocer las estrategias jurídicas con las que defenderán sus intereses durante el trámite que determinará cuál de los dos territorios asumirá definitivamente el control de las 1.435 hectáreas del Corredor Universitario. Han sido tantos años de dimes y diretes sin obtener un dictamen categórico sobre la disputa que el proceso de deslinde demandará una batería de sólidos argumentos, sustentada en conceptos técnicos y en las normas vigentes para no volver a incurrir en nuevos equívocos.

La resolución de la controversia, en respuesta al fallo del Consejo de Estado que ratificó la nulidad de la ordenanza 075 de la Asamblea del Atlántico porque no era competente para establecer límites entre Puerto y Barranquilla, se encuentra en manos, inicialmente, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), encargado de demarcar los términos divisorios de las entidades territoriales, y, luego, del Congreso de la República, de su Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), que analizará todos los informes para refrendar la decisión.

Con seguridad en las próximas semanas, si no antes, tendremos noticias más precisas sobre la hoja de ruta que seguirá el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el camino de solucionar el conflicto. Por el momento, la Alcaldía de Barranquilla confirmó que le solicitó al organismo desde el 21 de febrero la delimitación física o deslinde del territorio en disputa, en aras de que se demarque una cartografía actualizada que refleje las normas hoy vigentes.

Enfoca su batalla jurídica para reclamar el control del Corredor Universitario “en los antecedentes históricos que establecieron originalmente los límites a favor del Distrito”. Y en ese sentido, cimenta su argumentación en el artículo 290 de la Constitución Política de Colombia sobre ordenamiento territorial, en las leyes que lo reglamentan y, en especial, en el Acto Legislativo 01 de 1993, con el que el Congreso erigió a Barranquilla como Distrito Especial, Industrial y Portuario, definiendo su comprensión territorial. Eso a grandes rasgos.

Por el lado de Puerto, sus cartas también están sobre la mesa. Un equipo especializado, liderado por el abogado Juan Barrero Bernardinelli, trabaja en informes técnicos y jurídicos sobre los límites históricos del municipio, anclado en el marco normativo de rigor y en las actividades económicas que se adelantan en la zona en litigio, entre otros pilares claves de su defensa de soberanía territorial que presentarán al Agustín Codazzi y al Legislativo. Sus movimientos apuntan adicionalmente a “cuestionar si el fallo de nulidad de la ordenanza tiene algún defecto” para proceder. Cosas de abogados.

A diferencia de lo que pasa en Barranquilla, donde la mayoría de ciudadanos ve con buenos ojos que el Distrito asuma el control del floreciente Corredor Universitario, en Puerto las opiniones se dividen. Buena parte de fuerzas políticas, sociales y comunales del municipio abraza la defensa del territorio para asegurar el significativo recaudo de recursos, que de allí procede, destinado a proyectos sociales. Otros sectores, cansados de arar en el desierto, desestiman el llamado de unidad y no faltan los que se muestran indiferentes, casi apáticos.

Pese a todo, es positivo que un conflicto enquistado durante largo tiempo se sitúe en la senda de resolverse. Y bajo la directriz de la entidad a la que le corresponde. Mantenerlo latente, como hasta ahora, solo eterniza una crisis sin definición. En cualquier caso, no será fácil porque, como el propio Agustín Codazzi reconoce, el proceso de conurbación entre los dos territorios, con desarrollos urbanísticos crecientes, dificultará trazar los nuevos límites.

Sin duda, la sesión descentralizada que la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado (COT) celebrará este jueves en Barranquilla apunta en la dirección correcta para aportar claridad a un asunto que despierta tensiones. Su vicepresidente, el senador Carlos Meisel, insiste en que urge acabar con la incertidumbre que dejó el fallo, sin caer en la defensa o ataque de grupos políticos o un territorio en particular, para procurar el bienestar colectivo.

Las partes deben ser conscientes de que no han ganado ni perdido nada. Superar el litigio les exige una sólida estrategia de defensa para garantizar que aquel que no sea favorecido en sus intereses respete la decisión final. En definitiva, el trámite en curso es fundamental. Que la sesión del Senado sea la oportunidad para preservar derechos, expresar desacuerdos e informarse, porque cuando todo esto acabe, no habrá espacio para llorar ni lamentarse.