En Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo le dieron la espalda a la revolución que los llevó al poder. ¿El motivo? Ya no se ajustaba a su modelo dictatorial de Gobierno, en el que –paradójicamente– no hay espacio para los cuestionamientos de la oposición, la iglesia, la prensa libre y, ahora último, de sus mismos comandantes sandinistas de antaño.
Por ello, durante los últimos años la dupla ha arreciado su represión y esta semana, por citar un insólito ejemplo, se conoció del acoso a Henry Ruiz, un octogenario que hizo parte de la guerrilla sandinista y fue férreo luchador contra la dictadura de Anastasio Somoza en la década de los 70, además de haber conformado los nueve comandantes de la dirección de la revolución y ocupado el cargo de ministro de Planificación y Cooperación Externa. Sin embargo, tras la derrota del sandinismo en los 90, viró hacia una facción crítica de la conducción de Ortega del frente y en 1997 decidió tomar distancia definitiva con el partido.
Ahora, con 81 años, fue abordado en su casa por patrullas de la policía que le impiden salir y lo mantienen bajo arresto domiciliario, su familia ha sido intimidada y se le mantiene incomunicado, pero lo más deplorable es que su caso no es el único. Varios críticos de la pareja gobernante aseguran que Murillo -copresidenta desde el pasado enero- ha optado por esta reprochable táctica aislacionista para tomar represalias contra personas que saben mucho sobre el Gobierno, o incluso aplicar medidas “paranoicas” cuando considera que un caso es sospechoso y pone en peligro su mandato.
En esa línea se conoció esta semana el testimonio de una mujer que viajó desde Managua hacia Miami para comprar mercancía y venderla a su regreso, con el fin de obtener ingresos para sostener a sus dos hijos menores de edad, pero cuyo retorno no pudo efectuarse pues, en su camino hacia el aeropuerto, la aerolínea le notificó que las autoridades migratorias nicaragüenses le habían negado el ingreso al país sin ninguna explicación. Le impusieron un destierro de facto.
Como a ella, al menos a 250 personas –entre enero y la segunda semana de marzo– les aplicaron la misma perversa medida, según denuncias que “arañan” los pocos medios que quedan en el país, y que resaltan que ya no se trata de ser opositor, líder social, religioso o periodista, sino simplemente de existir en Nicaragua.
EL HERALDO pudo constatar y registrar –por medio de un enviado especial– cómo el estadio de béisbol, conocido como Dennis Martínez, es un claro ejemplo de las tácticas que ha usado la dictadura para silenciar a Nicaragua. Su nombre, que hacía honor al mejor pelotero de ese país en toda su historia, cambió de un día para otro a ‘Soberanía’, luego de que el histórico jugador decidiera marchar en contra de la dictadura durante las protestas de 2018, en las que el país entero “intentó” manifestar su descontento con la disparada acumulación de poder de la cuestionada pareja.
Así mismo, los medios de comunicación siguen siendo asediados por la censura, la represión y clausura, en medio de sus esfuerzos por retratar una realidad que se hace cada día menos visible para el mundo por cuenta de las artimañas que se han adoptado para, incluso, bloquear el acceso a la web de los que consideran “nocivos” para su estrategia. Esta semana, La Prensa, 100% Noticias, Confidencial y Onda Local fueron las víctimas, y con ello el derecho de los nicaragüenses a informarse. Estos se suman a los 5 que entre 2018 y 2023 se vieron obligados a cesar sus actividades por presión de las autoridades, sin contar con los 280 reporteros exiliados, los 23 desnacionalizados y aquellos que han terminado en prisión.
Así las cosas, la maquinaria de intimidación, además custodiada por un ejército paramilitar cuidadosamente edificado por Ortega y Murillo, ha conseguido extender sus tentáculos a los espacios más sensibles y vulnerables de la sociedad nicaragüense, pues son muchos los casos de líderes, escritores, políticos y ciudadanos de a pie que han alzado su voz de protesta y terminaron tras las rejas, desterrados o sencillamente perseguidos por encapuchados, bajo el temor constante de desaparecer en medio del contubernio entre el Ejecutivo y las otras entidades del Estado.
El próximo mes de abril, en el marco del séptimo aniversario de las marchas, no se podrá ver en las calles de Nicaragua a los miles de ciudadanos que se manifestaron en 2018. Se hace imposible bajo el fantasma de que en aquella ocasión al menos 335 personas fallecieron luchando por una democracia que cada vez se distancia más del país. En cambio, Murillo ha decidido realizar cortinas de humo con celebraciones por doquier para “recordarles a los traidores a la patria, que ni pudieron, ni podrán”, según recalcó con cinismo el pasado viernes.
