Malestar, inconformidad, frustración… En suma, un mal sabor de boca ha dejado en las asociaciones médicas y científicas del país y, en particular, en millones de pacientes, el evidente incumplimiento del Ministerio de Salud a las órdenes de la Corte Constitucional en sus recientes fallos, encaminados a superar la enorme crisis financiera que afronta el sector.
Aseguran, con argumentos de sobra, que pese a la intervención del alto tribunal, el panorama sigue siendo desolador por la –hasta ahora– irresoluble desfinanciación del sistema que a diario pone en riesgo la vida de los usuarios. Deriva en toda regla que ha desencadenado cierre de centros asistenciales o de servicios en clínicas y hospitales, escasez de medicamentos y retrasos en pagos de proveedores y de salarios del talento humano en salud. Al final, es un incalculable drama humanitario que no deja de empeorar.
Aunque la situación resulta insostenible, los avances –si es que así se pueden considerar– son mínimos. Por un lado, en relación a los presupuestos máximos, lo que debe pagarles el Gobierno a las EPS por servicios y tecnologías en salud, apenas comenzaron los giros de los $820 mil millones correspondientes a saldar la deuda de 2022. Por el otro, sobre la orden de revisar o ajustar en mesas técnicas el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, lo que les cancela el Estado a las EPS por la atención de cada afiliado al año, se fijó el 20 de marzo como la fecha de una primera reunión entre entidades y actores del sistema.
Tanto en público como en privado, la sensación que les queda a muchos de ellos es que el Ministerio de Salud no tiene voluntad ni intención de solventar esta crisis inducida, a su juicio, por el mismo Ejecutivo para presionar su modelo amarrado a la reforma que presentó al Congreso. Prueba de ello es la desestimación deliberada que hizo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo del estudio de uno de sus equipos técnicos que le daba la razón a la Corte frente a la insuficiencia de la UPC. Sus cálculos concluían que en 2025 debía aumentar entre 10 y 14%, pero el ministerio solo la subió 5,4%, señalando que los datos entregados por las EPS para calcular su valor eran de baja calidad y tenían inconsistencias. Fueron despedidos.
Desconcertante, por decir lo menos, aunque tampoco extraña. El desdén de este Gobierno con la experticia de los técnicos se ha expresado por activa y por pasiva en distintos momentos. Quizás, por eso, el escepticismo de algunos voceros de agremiaciones que este próximo jueves se sentarán con los ministerios de Salud y Hacienda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la Superintendencia de Salud para debatir la creación de un mecanismo de reajuste que deberá aplicar el Ejecutivo a la UPC de 2024 y 2025. Las EPS e IPS, además de entes de control, también estarán presentes.
La desconfianza no es gratuita. Es más, tiene cierta lógica. De hecho, la reforma a la salud 2.0 estuvo parada varias semanas en segundo debate en la plenaria del Senado ante el clamor de varios representantes opositores e independientes que le exigían a la cartera acatar los autos del alto tribunal. Lo que se espera ahora es que en tercer debate la Comisión Séptima del Senado, que ya hundió la primera reforma a la salud, le exija al Ministerio de Salud, como condición inesquivable para debatir el polémico proyecto, respetar la Rama Judicial y garantizar de paso -nada más y nada menos- que el derecho a la salud de los colombianos, girando el dinero que se requiere para una atención digna en salud y recalculando recursos que, a todas luces, se siguen quedando cortos. Incierto escenario por el desgaste o fatiga de material debido a los ires y venires de un asunto esencial mal gestionado en este Gobierno.
