Si algún mérito tiene el ‘Gobierno del Cambio’ es que se supera en ocurrencias para incumplir o darles largas a sus promesas. Esta semana, el recién estrenado ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, otrora agente interventor de Air-e y ex viceministro de Trabajo, se sacó de la chistera una propuesta de ¡oh, gloria inmarcesible! que ha provocado desconcierto general.

Como si fuera una solución viable por tener su futuro asegurado o estar soportada en un amplio respaldo popular, el sucesor de Andrés Camacho plantea que los estratos 4, 5 y 6 junto con el comercial e industrial, a los que no duda en etiquetar como los más ricos del país, haciéndonos caer en un falso dilema, sean los que paguen los saldos de la opción tarifaria.

Deuda que envejeció mal después de pandemia, superando a día de hoy $3,1 billones que aún no se les cancela a las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía del país.

El asunto no dejaría de ser anecdótico si no fuera porque es el más reciente eslabón de una extensa cadena de subterfugios fabricados por el Ejecutivo para justificar su incompetencia al no encontrar salidas viables a la crisis tarifaria, de tortuosa afectación en la región Caribe.

También cabría interpretar la iniciativa de Palma como un nuevo intento del Gobierno para evadir la responsabilidad asumida por el mismo presidente Petro en mayo de 2024, cuando se comprometió –desde Barranquilla y en el plazo de un mes– a titularizar la deuda de los usuarios para aliviar la carga de las impagables tarifas de energía, sin reparar siquiera en si tenía o no el aval legal para hacerlo. Improvisó, le salió mal y sigue sin materializarse el mecanismo para concretar su perentorio mandato que se quedó en meras palabras inanes.

Desde entonces han dicho tantas cosas para tratar de reinventar el discurso de Petro y no dejarlo desnudo que han terminado por desocupar el depósito de confianza social de la gente. Lo primero fue que el Estado solo asumiría el pago de los saldos de opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, pese a que el mensaje inicial no contemplaba diferenciación alguna.

Luego se anunció que era necesaria la aprobación del Congreso para viabilizar la medida, como debió ser desde el principio, de manera que se le colgó a la reforma tributaria 2.0. Caramelo envenenado fácilmente detectable que se rechazó por ser un chantaje porque bien pudo presentarse como un proyecto de ley de un artículo que habría sido aprobado sin más.

Inmerso en su retórica populista, más próxima a fracturar que a acercar posturas para cerrar acuerdos, un día sí y el otro también, el jefe de Estado ha insistido en cambiar la fórmula tarifaria. Buscando el calor entre las sábanas, tampoco le ha sido posible modificar una estructura regulada, pese a defender un discurso divisorio que condensa malestar o temor.

Entre medias, mientras Gobierno, Congreso y gremios del sector energético sumaban capítulos a su historia de desencuentros y la Creg seguía dando vueltas en su propio laberinto, los usuarios pagábamos lo correspondiente a la opción tarifaria hasta que el primer interventor de Air-e, Carlos Diago, decidió diferir el faltante de tres meses a 10 años.

Ahora el ministro Palma, a quien –por cierto– le falla la memoria cuando afirma que la promesa del gobierno Petro condicionaba el pago de los saldos acumulados de la opción tarifaria a la presentación de un proyecto de ley, baraja sus opciones. Una de ellas es un proyecto de ley para que sean las familias “más ricas” y los sectores comercial e industrial los que, al final, asuman una abultada deuda que el Estado se había comprometido a pagar.

Imponerles a los usuarios más cargas o, lo que es lo mismo, nuevos costos en los actuales tiempos de estrechez fiscal es, por decir lo menos, desafortunado e inoportuno. Si la iniciativa prospera se les obligará a apretarse un cinturón que con franqueza no les da para más, en vista de que tendrían que asumir –hasta por 10 años– pagos adicionales a la contribución del 20 % que ya hacen sobre el valor de sus consumos para contribuir a subsidiar a los hogares de estratos 1, 2 y 3. Lo del 4 resulta escandaloso porque castigaría a gente que no puede considerarse rica. Seamos claros, ministro: ellos no reciben ni dan subsidios. ¿O es que una familia de estrato 4, de clase emergente, vive boyante de riqueza?

Ese discurso de instinto político básico hace daño. No apela a la solidaridad, como intentan hacernos creer, sino que alienta incertidumbre, recelo e incluso resentimiento. Harían bien en pensarlo dos veces, en buscar otras salidas, porque la sensación que queda es que nos condenan a ser el chivo expiatorio de sus errores no asumidos ni reconocidos. Harían falta dosis de autocrítica para salir de este perverso déjà vu en el que el populismo hace su tarea.