Cada día, la crisis en las sedes de la red de hospitales del Atlántico, gestionada por la ESE UNA, toca fondo, además a gran velocidad. El modelo concebido durante la pandemia por el anterior gobierno departamental como una fórmula aparentemente sostenible orientada a superar el profundo déficit financiero del sistema de salud, que centralizó su estructura, naufraga a la deriva a menos de cuatro años de su implementación. Si en 2021 los pasivos acumulados eran de $210 mil millones, en la actualidad sobrepasarían los $120 mil, señalan varias auditorías.

De hecho, ante serios cuestionamientos sobre su desempeño y denuncias de supuestos manejos irregulares u opacidad en decisiones administrativas, la inesperada visita de una delegación de la Superintendencia de Salud encendió las alarmas por una eventual intervención que incluso reclaman algunos sectores, conscientes de su compleja condición. Pase lo que pase, la principal preocupación radica en que la falta de fiabilidad de la entidad ponga en riesgo o amenace la prestación de servicios esenciales para afiliados del régimen subsidiado, en su gran mayoría habitantes vulnerables de los municipios del departamento.

Uno de los puntos más escandalosos corresponde a una millonaria red de contratación con operadores privados para la prestación de servicios en las unidades de cuidados intensivos de la ESE UNA, así como en la dispensación de servicios farmacéuticos y laboratorio clínico. También la alimentación e imágenes diagnósticas hacen parte de los contratos revelados por EL HERALDO. Son al menos cinco que superan el billón de pesos, suscritos en diciembre de 2022 y con vigencia hasta 2037, de acuerdo con las plataformas de contratación estatal.

Así las cosas, más allá de la crisis estructural del sector salud en el país, el actual modelo de la ESE UNA resulta inviable porque, en últimas, no logra ser sostenible financieramente. La razón se cae por su propio peso. Hasta el 70 % u 80 % de los recursos obtenidos por prestación de servicios de salud que ingresan a las arcas de la entidad deben destinarse a pagar los compromisos adquiridos en los contratos, mientras lo poco que queda se dedica a mantener la operación de la máxima responsable pública de la salud de los atlanticenses.

No extraña que al final del día las deudas con trabajadores, acreedores y proveedores u otras dificultades derivadas del diseño de un modelo que no arrancó fondeado como se había anunciado no logren ser solventadas. Las estrategias de la actual administración para fortalecer su operación, avaladas por la junta directiva, pueden estar bien orientadas, pero ser insuficientes. Sobre todo porque el malestar del talento humano en salud por el incumplimiento en pagos ha ido in crescendo, tanto que algunos decidieron ya tirar la toalla.

Es indispensable actuar con celeridad y responsabilidad para poner la casa en orden. Demasiados antecedentes pronostican un desenlace predecible. En 2023, la Supersalud había informado de 40 hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios, en tanto Procuraduría y Fiscalía han venido rastreando presuntas anomalías. Hasta ahora, los planes de mejora no ofrecen resultados palpables ni ahuyentan el fantasma de la crisis que terminó con la liquidación de la ESE Hospital Universitario Cari y los otros 3 hospitales departamentales –el de Sabanalarga, Niño Jesús y el Juan Domínguez Romero de Soledad–, que además de su déficit descomunal sumaban cuentas por recaudar por $70 mil millones.

A riesgo de sonar como un disco rayado, insistamos en que la salud en Colombia es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no un privilegio de unos cuantos. La mejor y única manera para superar la caótica situación de la ESE UNA es que los responsables de hacerlo, ellos saben quiénes son, creen condiciones para restaurar su bienestar financiero.

Casi que una “operación salvamento”, que a estas alturas, sumidos en la fuerte tormenta del sistema de salud, luce incierta. En todo caso, la tarea más importante es que autoridades del nivel nacional y departamental trabajen con determinación para definir acciones que le den un respiro a la entidad. Una de ellas, articular las 22 ESE municipales y los 60 puestos de salud –que prestan servicios de atención primaria y de baja complejidad– con la red departamental, para permitir su atención en los cuatro centros hospitalarios de la ESE UNA.