El recorte del 50 % de la producción anual de carbón oficializado esta semana por Cerrejón añade más incertidumbre al complejo panorama del sector minero-energético en Colombia.

Indudablemente, corresponde a una decisión estratégica de la multinacional suiza Glencore, dueña de la compañía, sustentada en la fuerte caída de los precios internacionales y en los elevados costos de los fletes marítimos, ahora que el mercado natural del mineral se trasladó desde Europa hasta Asia, debido a su disminuida demanda.

Bajo un contexto tan azaroso, Cerrejón asegura la sostenibilidad de sus operaciones, focalizadas en La Guajira, y reduce su producción de 5 a 10 millones de toneladas, desde la fecha. De manera que en 2025 calcula que su explotación oscilaría entre 11 y 16 millones de toneladas, aunque todo se encuentra amarrado a las condiciones del negocio carbonero.

Tampoco es posible relativizar el impacto económico de la orden del Ejecutivo de prohibir –vía decreto- en agosto pasado las exportaciones de carbón a Israel, como represalia por la guerra en Gaza. Cerrejón, con Drummond, suministraba una parte considerable del mineral para cubrir la demanda de la red energética de ese país, que ya se consiguió otro proveedor.

Por si le hicieran falta razones adicionales, la compañía ha puesto en evidencia el aumento de conflictividad social en su zona de influencia que en 2024 interrumpió su actividad 135 días por 333 bloqueos sobre la línea férrea que moviliza el producto hasta Puerto Bolívar. Este año ya van 19, además de cinco ataques con explosivos contra esa infraestructura. Acciones convertidas en paisaje que al igual erosionan su competitividad y disparan costos.

Aunque no se exprese abiertamente, se da como un hecho que en su resolución Cerrejón también ponderó el escenario de mayores cargas impositivas, nuevas medidas tributarias e inestabilidad jurídica creciente por decisiones regulatorias e iniciativas legislativas impulsadas por el actual Gobierno para desincentivar al sector minero en su cadena de valor. Desde su llegada al poder, el presidente Petro ha apostado por la caída de lo que llama un “modelo económico extractivista sustentado en petróleo y carbón”, de hecho calificó a este último como un “veneno” y hasta lo llegó a comparar una vez con la cocaína.

A propósito de sus palabras, no podemos menos que sentirnos ante un debate envenenado. En efecto, el fin de la era de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, será inevitable. Es un camino sin retorno que transitamos desde hace tiempo, en la medida en que la transición hacia energías limpias o renovables toma forma. También es una realidad constada por expertos que todavía falta un trecho largo para echar el cierre de minas o explotaciones de carbón porque aún no es del todo reemplazable. Por ejemplo, para usos metalúrgicos. Incluso, en los países asiáticos su demanda crece. Pero lo dicho, sin incentivos fiscales que favorezcan exportar, los elevados costos logísticos serán una barrera.

Preocupante, sobre todo porque oponerse a la industria del carbón o al sector minero-energético en general sin ofrecer alternativas viables que compensen su aporte en términos de regalías no resuelve nada. Si acaso da munición para controversias políticas e ideológicas, pero no asegura los $13 billones que las empresas de carbón tributaron al Estado en 2023. En el caso de Cerrejón, $4.5 billones en los últimos tres años por concepto de regalías y $175 mil millones en impuestos a municipios de La Guajira, donde representa casi el 45 % del PIB del departamento. Sin contar con sus inversiones ambientales y sociales.

Haciendo cuentas en borrador, de $1 a $2 billones, como poco, dejaría de retribuir la compañía al fisco nacional este año por el recorte. Seguramente, quienes lo celebran, desconocen sus efectos tributarios o la inquietud que ha generado en sus 12 mil empleados.

Cerrejón, que ha encajado sucesivos choques en el último lustro: primero por la pandemia y ahora por la caída de los precios internacionales que superaron en 2023 los 300 dólares por tonelada luego de la invasión de Rusia a Ucrania, hace todo lo posible por adaptarse. Es una forma de resistir a los embates de las circunstancias externas e internas que lastran sus expectativas. Lamentable que tantos, incluso desde la institucionalidad, sigan dándose baños de notoriedad menospreciando a nuestras grandes empresas, poniéndolas en riesgo. Aunque sea impopular defenderlas, debería ser una tarea colectiva que no nos avergüence.