Si 2024 fue un año crítico por los bloqueos en vías del país, el 2025 pinta peor. No se trata de alarmismo infundado, sino de certificar alarmantes cifras documentadas por el sector que ‘mueve’ literalmente la economía nacional. Según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), el año anterior cerró con 801 bloqueos que dejaron pérdidas por $4,3 billones para la nación. En total, fueron 12.018 horas de parálisis o 500 días de afectación, con impacto directo en distintas actividades productivas.

En la medición del año en curso, la situación crece en dimensión e implicaciones. En los dos primeros meses, Colfecar contabilizó 109 bloqueos que equivalen a 1.326 horas o 55 días perdidos, tanto en vías nacionales como secundarias. Pero el dato podría ser aún mayor porque el ‘bloqueómetro’ del gremio no contabiliza cierres en rutas terciarias ni urbanas.

Aunque muchos estimen que las difíciles circunstancias que enfrentan los transportadores por el aumento de la conflictividad social expresada en protestas de comunidades y de sectores productivos en regiones distantes no les afecta, la realidad es diferente. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, le dijo a EL HERALDO que los bloqueos con los que lidian a diario “tienen un impacto directo en las cadenas de alimentos, medicinas, insumos de la salud o en las materias primas” que se traducen en costos mucho más elevados para todos.

En últimas, cuando una carretera es bloqueada, así sea por un periodo relativamente corto e, incluso si existen rutas alternas para que los camiones puedan seguir su trayecto, el precio a pagar por los productos que transportan se nos incrementará de modo inexorable. ¿Qué tanto? Eso depende de variados factores, pero si el consumo de combustible o el desgaste de los automotores por el mal estado de las vías aumentan, se terminará pagando por ello.

Es una cuestión de enorme complejidad que tiene mucho de fondo y de forma. Sin duda, estamos ante lo que podríamos llamar un problema de Estado porque de él depende en buena medida buscar o concertar soluciones a los eventos que distorsionan la actividad del sector. Desde inseguridad por la pérdida del control territorial en zonas hasta la afectación de las cadenas de abastecimiento debido a los constantes bloqueos por conflictos sociales desatendidos, pasando por los efectos en términos de ingresos, movilidad y productividad.

Atlántico, que en 2024 fue uno de los departamentos con más bloqueos en el país, arrancó el año encabezando el ranquin de enero y febrero, con 27. De lejos le siguen Bolívar, La Guajira, Antioquia y Boyacá, con 11, cada uno. Detrás de las protestas en las vías atlanticenses subyace un evidente malestar social por la prestación y tarifas de servicios públicos, sobre todo de energía eléctrica, y rechazo a los peajes en las distintas concesiones.

Lo que tantos estiman inocuo, como parálisis de horas que en algunos casos se extiende de forma intermitente durante días, acumulan consecuencias disruptivas en sectores de la economía con efectos demoledores. Y pese a su sensibilidad, las respuestas tardan en llegar.

Ahora que el Ministerio de Transporte publicó para comentarios el borrador que modifica el Decreto 1079 de 2015, en su capítulo de carga, como parte de los acuerdos de septiembre de 2024, Fedetranscarga, otro de los gremios del sector, pide retomar las mesas técnicas para volver sobre debates claves. Bloqueos en vías e inseguridad, sin duda, además de alzas de peajes, como el que se produce este 1 de abril y la aún difusa medida anunciada por el recién llegado ministro de Hacienda, Germán Ávila, de realizar un ajuste diferencial al precio del diésel para vehículos de alta gama, que no descartan podría afectarlos. Y, de paso, a usuarios o consumidores por un eventual aumento de fletes con sus irremediables réplicas.

Conviene ser realista y dialogar. Solo el tiempo nos dirá si los conflictos sociales sin solución, las regulaciones en curso o la decisión de ajustar el diésel para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), entre otras tormentas que deben atravesar los transportadores, acrecentarán su incertidumbre, con todo lo que ello implica.