La diatriba peregrina del presidente Petro contra el Banco de la República habla bien de la independencia del emisor. La decisión técnica adoptada por la mayoría de sus miembros, que en su reunión del lunes mantuvieron inalterada la tasa de interés en 9,5 %, por segunda vez consecutiva en 2025, atendiendo a factores internos y externos que a su juicio les demandan asumir una “postura cautelosa” de la política monetaria, desató una desproporcionada e irascible reacción del gobernante que no dejó títere con cabeza. Raro.

Faltaría más que el mandatario no pudiera expresar opiniones o elevar críticas. Aunque en su caso, por la dignidad del cargo que únicamente él ostenta, tanto las formas como el fondo importan mucho más que las de cualquier otro ciudadano, como lo ha precisado la Corte Constitucional. De modo que su insólita arremetida contra la autoridad monetaria del país, al atribuir su determinación a “razones exclusivamente políticas para contener el crecimiento económico”, desconoce su autonomía, en tanto deslegitima la función de una institución técnica e independiente, cuyos miembros, de acuerdo con el artículo 372 de la Carta Magna, “representarán exclusivamente el interés de la Nación”. Más claro, imposible.

Es desacertado e irresponsable que Petro trate de politizar la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, a la que ahora gradúa de “uribista” porque no tolera haber sido derrotado, a pesar de que cuatro de sus siete miembros fueron designados por él. Tres de ellos, incluido el ministro de Hacienda, German Ávila, votaron a favor de una reducción de 50 puntos básicos. La codirectora Olga Lucía Acosta no se alineó con esa posición y respaldó la defendida por el resto que pedía mantenerla inalterada por evidentes razones técnicas.

Ciertamente el Gobierno lleva meses reclamando un recorte agresivo de tasas que abarate el costo del dinero para estimular consumo e inversión, incentivar empleo e impulsar el crecimiento económico. Petición que hogares, empresas e industrias también esperan que se concrete con celeridad. Sin embargo, la realidad de una economía asediada por una inflación estancada con riesgos de volver a subir, una crisis fiscal por bajo recaudo con la urgencia de nuevos ajustes en las finanzas públicas, más un volátil e incierto contexto internacional por la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos, exige máxima cautela.

En ese sentido, con responsabilidad institucional, para algunos, o exceso de ortodoxia, para otros, la junta se anticipa a conjurar eventuales fragilidades adicionales que perturben los actuales atisbos de reactivación económica. Nada distinto a hacer su trabajo. Es más, luego de analizar el buen arranque del año en términos de crecimiento, consumo privado, tasa de ocupación y caída del desempleo ajustó su proyección de crecimiento para el 2025 al 2,8 %.

Sería valioso que el presidente Petro tuviera en cuenta argumentos distintos al suyo para construir confianza ciudadana en las instituciones, en vez de contribuir a erosionarla. En las últimas horas, se ha esforzado en hacernos creer que el uribismo ha capturado a la junta del banco central para conspirar contra el éxito económico de su gobierno, el cual está aún por verse si no se toman los correctivos necesarios para hacer frente al fuerte deterioro fiscal. Si no estamos en una situación más comprometedora es porque el Banco de la República ha honrado su papel como rector de la economía, tomando decisiones impopulares, pero indispensables. Basta revisar el caso de Brasil que ahora paga sus errores.

Flaco favor hace el jefe de Estado a su talante democrático cuando acude a atajos para desacreditar a quienes lo han acompañado en su andadura presidencial. Desprestigiar a sus exministros José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, profesionales de elevado perfil técnico, a quienes ahora desprecia porque se posicionaron como contrapesos a sus autoritarias exigencias carentes de viabilidad, no le asegura un mayor respaldo social. En especial, del centro político que fue definitivo para su ascenso al poder hace casi 3 años.

En ocasiones, las decisiones que más le convienen al país no siempre son las que mejor encajan con los intereses de los gobernantes de turno, pasajeros al fin y al cabo, a diferencia de instituciones como el Banco de la República, con 102 años de misión constitucional que debe preservarse. Algo que al mandatario le cuesta entender por su arraigada mentalidad de victimizarse y repartir culpas, en lugar de considerar opciones diferentes a las propias. Y así estamos hoy porque la economía no responde a desafíos políticos ni a actos arbitrarios