Al día siguiente de la intervención con fines administrativos de Air-e anunciada en septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido al deterioro de su capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera, EL HERALDO advirtió sobre los riesgos en la continuidad de la prestación del servicio. Esta semana, casi siete meses después, gremios energéticos, liderados por Andeg, alertaron de la inminencia de un apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira si la comercializadora no cumple con sus obligaciones contractuales por la compra de energía y les paga a los agentes del sector los más de $2 billones que les adeudan. De ellos, $1,2 billones a plantas de generación térmica.

A estas alturas de la intervención, que en enero cambió de modalidad y ahora es con fines liquidatorios, mucha agua ha corrido bajo el puente. Ni el entonces superintendente, Dagoberto Quiroga, ni el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, ni el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, continúan hoy en sus cargos, y Edwin Palma, quien reemplazó al primer agente interventor, el ‘breve’ Carlos Diago, ocupa la cartera de Minas.

A simple vista, examinando la cuantiosa deuda de Air-e con generadoras y transmisoras, se puede inferir que afirmaciones hechas en su momento por los exfuncionarios e incluso compromisos que asumieron para garantizar su sostenibilidad financiera, en aras de evitar que derivara en una Electricaribe II, se estrellaron contra la dura e incierta realidad fiscal y presupuestal de la nación. Tormenta perfecta en toda regla, como la retrató en el Congreso el contralor Carlos Rodríguez, de profundo déficit fiscal, elevada deuda pública, caída de los ingresos tributarios, aumento sostenido del gasto del Estado y baja ejecución del Gobierno.

Cualquier habitante del Caribe colombiano, bien sea usuario de Air-e o de Afinia, sabe perfectamente que la bomba de la sistémica crisis de energía es una auténtica amenaza con la que debe convivir a diario. Hacemos parte de un sistema extremadamente frágil por la falta de certezas, consecuencia directa de un perverso defecto de diseño en el modelo de operación que nos ha condenado por generaciones a repetir los mismos errores del pasado.

En el contexto actual, el impago de los saldos de la opción tarifaria, la mora o retrasos en los giros de los subsidios de energía a estratos 1, 2 y 3, a cargo del Gobierno nacional, y la deuda del sector oficial, casi $7,5 billones a corte de febrero, intensifican la presión sobre los agentes del sistema, sumiéndolos en un apagón financiero que pone en jaque la prestación del servicio. Juegan con fuego, con la suerte de toda una región que está harta.

El ministro Palma lo tiene claro. Fue él quien reveló hace pocos meses el demoledor diagnóstico sobre el estado de Air-e. Bastaría resumirlo como una empresa superada por sus pérdidas, estimadas en $1,4 billones en 2024, endeudada, incapaz de generar ingresos para cubrir gastos y costos, pagar sus obligaciones y garantizar liquidez. Pese a esfuerzos para ponerse al día con acreedores, contratistas y proveedores, las nuevas alertas de las generadoras y transmisoras, agremiadas en Asocodis, nos sitúan otra vez en el filo de la navaja. Si estas no cuentan con recursos para operar, por el marchitamiento financiero que afrontan ante la abultada cartera de Air-e, ¿qué opciones nos quedan para evitar el apagón?

Es una pregunta que debe responder el superintendente Yanod Márquez. Air-e arrastraba una fuerte crisis desde que estaba en manos de privados, sin embargo esta se acentuó luego de que el Gobierno asumió su administración, como constató la veeduría de gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira que acompaña el proceso. Así que es su responsabilidad, de eso no cabe duda, de acuerdo con el ordenamiento jurídico –vía Fondo Empresarial–, garantizarles a los millones de ciudadanos de esos departamentos la prestación del servicio.

A la Superservicios, que sigue sin rendir cuentas sobre por qué no vio venir la debacle de Air-e, le sobran atajos para evadir el cumplimiento de sus obligaciones, en tanto le faltan actuaciones responsables, coherentes, para finiquitar, como nos prometieron, el lesivo régimen tarifario que nos ha esquilmado. Honrar su palabra, pagando lo que la Nación adeuda, es lo correcto para mantener a flote a la empresa. De lo contrario, carguen con las consecuencias de un apagón que podría arrasar con nuestra vida productiva e institucional.