Cada cierto tiempo, Soledad revive los fantasmas que han acosado a su Alcaldía en los últimos años. Las irregularidades en torno a la contratación de becas escolares en el municipio suman, a diario, nuevos capítulos de lo que parece ser una novela sin final feliz.

Desde hace semanas, EL HERALDO, como hizo en 2024, le volvió a poner la lupa al millonario proceso y encontró una vez más hechos anómalos que apuntan a la activación de la aceitada maquinaria de siempre que desvía los recursos destinados a la educación. De acuerdo con la administración local, en la actual vigencia se suscribieron contratos con 84 instituciones educativas por un total de $83 mil millones para garantizar la educación de 41.267 menores, una cifra que contrasta con los 51 mil beneficiados con este proceso durante el año anterior.

Esta cuantiosa contratación la sustenta la Alcaldía en la limitada infraestructura educativa del municipio conformada por solo 32 instituciones que atienden a casi 48 mil estudiantes en los distintos niveles, cuando el total de la población en edad escolar supera los 137 mil. Vale la pena mencionar el banco de oferentes establecido por la administración como una “muestra de transparencia” para que se evalúe la idoneidad de los prestadores de servicios educativos. Pues, en una minuciosa revisión, EL HERALDO determinó que seis instituciones concentran el 32 % de la contratación, lo que representa cerca de $26.926 millones.

Uno de los contratos es con la Institución Antonio Galán, por $3.304 millones para brindar educación a 1.530 estudiantes. Este colegio recibió 425 becas más que en 2024, pese a que las autoridades locales han insistido en que la contratación se hizo con el fin de darle continuidad a la formación de los niños que ya eran beneficiados con el subsidio, más no para ampliar la cobertura.

Otro ejemplo es el caso del Gimnasio Americano del Atlántico, que cobija a 2.352 estudiantes en 2025, mientras que el año pasado tuvo 1.486 becas. EL HERALDO verificó que si bien en los documentos que sustentan su contratación se relaciona una sola sede, cuenta con varios espacios funcionando para la formación de niños y jóvenes.

Ambos colegios, siempre de acuerdo con la documentación que hemos conocido son operados por la misma entidad: la Fundación Prodesarrollo Caminos hacia el Futuro (Funprocafut) que estaría vinculada con un político local, como han dicho distintas fuentes.

Hay más. En el caso del colegio Mis Sueños, al que le asignaron 2.700 cupos, se ha detectado que dos de sus seis sedes corresponden a otra razón social o no existen. De hecho, los padres de familia han denunciado que las aulas son de un tamaño tan reducido que afecta la formación educativa. Lo más penoso es que los efectos de estas decisiones recaen en las familias vulnerables del municipio. Son más de 10 mil menores los que se han quedado sin dónde continuar con su proceso formativo e incluso algunos debieron dejar el año académico a media marcha, a la espera de que en 2026, sus familias cuenten con recursos.

¿A qué juegan? Soledad es un territorio frágil socialmente, golpeado por una acechanza criminal que encuentra en la falta de escolaridad el caldo de cultivo ideal para masificar los entornos de violencia e informalidad. Hasta el presidente Petro criticó este modelo de contratación, advirtiendo que genera beneficios para los propietarios de los colegios privados, más no para los hogares más pobres del territorio. Urgen soluciones inmediatas.

En todo caso, estas nuevas inconsistencias deben ser conocidas por el Ministerio de Educación, Procuraduría y Fiscalía para avanzar en pesquisas que determinen si hay afectaciones al erario y dar con sus responsables.

La Alcaldía de Soledad tiene la obligación de asegurar que ningún menor se quede sin educación. Eso no está ocurriendo. No existe justificación alguna para persistir en los errores de siempre que generan consecuencias irreparables en el presente y futuro de su propia gente. La educación y los recursos deben ser sagrados, no un botín que se feria al mejor postor de la clase política del municipio y del departamento para pagar favores electorales o enriquecer al mandamás de turno.