Esta semana el presidente Petro instaló los comités ciudadanos de la consulta popular por el Sí en Soledad. Ensilló el caballo antes de comprarlo. La verdad, no extraña. Es parte de su método de manipulación colectiva para convencer a la gente de que su forma de hacer las cosas es la correcta. De manera que si el Senado no la aprueba, lo cual es una posibilidad totalmente viable en el marco de su libertad y autonomía, conforme con la Constitución, podrá acusarlo de actuar en contra de la clase obrera. O lo que es lo mismo, de ponerse del lado de la oligarquía codiciosa. Su usual retintín de la lucha de clases que le resulta rentable electoralmente, para culpar a los demás de las crisis que su errático gobierno ha generado.

La realidad es que, a la fecha, cuando las 12 preguntas aún no han sido ni radicadas en el Legislativo, la consulta popular es tan solo una aspiración del ‘Gobierno del Cambio’ para reformar el sistema laboral colombiano. Conviene que se entienda así para no crear o alimentar falsas expectativas, sobre todo en ciudadanos de a pie a los que ya comenzaron a movilizar, en aras de convertir a este mecanismo de participación en uno de carácter político-electoral, de cara a la contienda de 2026 que se anticipa feroz por su pugnacidad.

Tanto en la forma como en el fondo, el asunto que ha volcado al Ejecutivo en pleno, en cabeza del jefe de Estado, a hacer campaña en plaza pública y espacios digitales tiene honduras que vale la pena escudriñar. Una vez se radique en el Senado el texto con las 12 preguntas, este cuenta con 30 días para pronunciarse. Se da por descontado que no será un trámite expedito, a tenor de las reticencias que la consulta ha generado en legisladores.

A tan difícil ecuación toca añadirle la falta de mayorías del oficialismo en el Congreso, algo que reconoce el propio ministro del Interior, y el clima de confrontación que exhibe su relación. Desde hace meses, esta se ha visto emponzoñada por la escalada de insultos de grueso calibre que el jefe de Estado, jactándose de una ramplonería patológica profiere -cada vez que quiere- en contra de los parlamentarios y, en particular, de su presidente, Efraín Cepeda, a quien ha erigido, según su manual de populismo autoritario, en su enemigo.

A decir verdad, Cepeda más que su adversario o rival viene a ser su antítesis porque encarna uno a uno los valores morales, éticos y democráticos de los que Petro carece por completo.

Ha quedado claro que este es el talante de su campaña por la consulta. Si el Senado le da luz verde se celebraría entre julio y septiembre. No deja de ser una insensatez que en medio de una de las peores crisis fiscales que el país recuerde, el Gobierno se gaste entre 300 mil millones y un billón de pesos, cifra que ni siquiera tienen clara, en un proceso electoral que al final podría no ser válido. Para que lo sea tendrían que participar más de 13,6 millones de ciudadanos y si el umbral se supera, cada pregunta debe obtener la mitad más uno de votos válidos. De modo que a simple vista el futuro del proyecto no parece muy halagüeño.

Por estrategia electoral calculada o torpeza manifiesta inducida debido a su sectarismo e improvisación, con ellos nunca se sabe, las preguntas incurren en errores de bulto. En su gran mayoría la redacción es ambigua o difusa, consultan sobre asuntos ya incluidos en normas vigentes o no abordan los temas más esperados por el país: cómo generar empleo y reducir informalidad. Es más, Fedesarrollo y Anif estiman -a partir de análisis técnicos- que la iniciativa, como sucedía con la hundida reforma laboral, elevaría el costo de la nómina de los pequeños comercios en un 10 % y podría ocasionar la pérdida de unos 451 mil empleos.

No se trata de no hacer nada, sino de hacerlo bien, sin imposiciones ni cartas marcadas, concentrando los esfuerzos público-privados hacia un mismo objetivo. Colombia es un país con un 10 % de desempleo, 2,3 millones de personas están sin trabajo, y la informalidad roza el 57 %, es decir, 13,2 millones, mientras que 14,5 millones están por fuera de la fuerza laboral. Datos tan demoledores como estos demandan actuar con solvencia. Pero una consulta popular envenenada de arrogancia electorera, que no sustenta costos ni fuentes de recursos para implementarla en el hipotético caso de que salga adelante, no es el camino.

Petro y su uso político de la patanería abonan el terreno del caos para acrecentar división, miedo y malestar social en beneficio de su proyecto político. Es evidente cómo con cinismo, mofa e insolencia está decidido a transgredir la institucionalidad de la nación. Es tiempo de reflexionar con serenidad hacia dónde va Colombia en sus manos, evaluando las nefastas consecuencias de la deriva a la que el jefe de Estado, cada día más embriagado de abuso de poder, arrastra a nuestra imperfecta democracia. La consulta es un pretexto, las elecciones del 2026 son la meta del plan para atornillarse en la Casa de Nariño. Nada ni nadie le hará reconsiderar su estrategia ahora que ha cruzado la línea del irrespeto personal con tajante intencionalidad. Pura política testicular que pasa por encima del que sea para legitimarse.