Algo falla en un país donde las interceptaciones ilegales de conversaciones están a la orden del día. Con más frecuencia de lo deseable asistimos en Colombia a escándalos de ‘chuzadas’, en los que redes criminales bien organizadas, con acceso a las más avanzadas herramientas tecnológicas, intervienen las comunicaciones de ciudadanos para someterlos a chantaje o por encargo de clientes que persiguen fines inconfesables.

El último caso en salir a la luz pública, que ha llevado a la detención del general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza, y de tres exoficiales, ha causado especial revuelo, entre otras cosas por la personalidad de Guatibonza, a quien muchos consideraban poco menos que un héroe nacional por su impecable hoja de servicios.

Este escándalo, que empezó como un caso de espionaje local en Nariño, se ha ido expandiendo como una mancha tóxica a medida que los capturados y otros testigos han comenzado a hablar.

De acuerdo con los testimonios, entre las víctimas de las ‘chuzadas’ estarían el mismísimo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su esposa, lo que da idea de las dimensiones de la amenaza a la que nos enfrentamos. Cuando unos delincuentes se atreven a interceptar las llamadas de la persona que encabeza la lucha contra la delincuencia, tenemos que reaccionar de manera urgente como sociedad. Entre otras cosas, exigiendo que este aberrante episodio se investigue a fondo y que caiga todo el peso de la ley tanto a los que perpetraron las ‘chuzadas’ como a quienes las encargaron desde la sombra de un anonimato que debe ser desvelado.

El otro caso reciente de interceptación que ha causado revuelo nacional, si bien tiene una naturaleza bien distinta al anterior, causa también inquietud por sus implicaciones políticas y jurídicas y exige una explicación más convincente de la que hasta ahora se ha dado.

Nos referimos a la ‘chuzada’ que ordenó la Corte Suprema al número telefónico del expresidente Álvaro Uribe. El alto tribunal alega que se trató de un error propiciado por el representante Nilton Córdoba, quien suministró ese número como su contacto de notificación para el proceso que se sigue en su contra por el ‘cartel de la Toga’.

Córdoba ha negado que diera ese número. Por otra parte, resulta cuanto menos llamativo que se produzca una situación tan insólita y, más aun, que la interceptación se hubiera prolongado durante semanas sin que nadie se percatase de que había una confusión, máxime cuando el principal interlocutor de la llamadas era un exjefe de Estado.

Son casos, repetimos, de distinta naturaleza. Pero ambos son de extraordinaria importancia y se deben aclarar por el interés general del país.

Aunque de naturaleza bien distinta, la interceptación ordenada por la Corte Suprema al número del expresidente Uribe exige explicaciones más convincentes de las que se han dado.