Quienes la padecemos a diario sabemos que la crisis estructural que ha disparado las tarifas de energía en el Caribe a valores exorbitantes no se resuelve con soluciones mágicas ni victorias rápidas o fáciles. Se requieren acciones reales, pero sobre todo posibles.

La cumbre convocada por el presidente Petro con congresistas y gobernadores de la región, esta semana en la Casa de Nariño, fue un paso en la dirección correcta para concertar salidas viables y apremiantes a la insostenible situación que afrontamos los 11 millones de habitantes de la Costa, hastiados como estamos de vivir al límite de nuestras posibilidades. Sin embargo, no podemos aún cantar victoria.

El encuentro, en tono conciliador y talante constructivo, actitudes esperables entre interlocutores políticos, resultó un espacio provechoso de intercambio de ideas que ahora deben ser ordenadas. Nadie debería perder el impulso. Este gobierno, que heredó un problema complejo, ha malgastado tiempo valioso, desde cuando la exministra Irene Vélez puso en marcha soluciones que procuraban Justicia Tarifaria, pero que terminaron siendo infructuosas. Mientras, las dificultades derivadas de las dinámicas del mercado no han hecho cosa distinta a empeorar.

Llegados a este punto, ¿qué propone el Gobierno para salir de tan insufrible marasmo? Cambiar la fórmula tarifaria, que es el marco para construir el costo de energía; acelerar las inversiones en energías limpias para masificar su estrategia de comunidades energéticas y modificar aspectos normativos a través de reformas legislativas a la Ley de Servicios Públicos y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad técnica e independiente, encargada de la regulación del sector, últimamente en interinidad debido a que el presidente Petro sigue sin nombrar en propiedad a cinco de sus seis integrantes, generando una sospechosa y preocupante parálisis en la toma de decisiones acuciantes, a pesar del llamado de gremios, entes de control y un tribunal.

Resulta un avance que la cuestión se sitúe en el centro de la conversación política entre Gobierno y representantes del Caribe, que comienzan a construir un camino común a partir de iniciativas puntuales. Pero sin caer en las pulsiones populistas que suelen acompañar estos ofrecimientos, sí conviene entender que se trata de planes de largo aliento, de modo que sus efectos, si es que llegan a materializarse, se percibirán en el futuro, en el mediano plazo, como pronto. Dicho de otra manera, el alivio tarifario no llegará el próximo mes. ¡Qué va! Cada una de las acciones requiere su propia hoja de ruta, bien sea en el Legislativo o en la hoy inoperante Creg, por lo que será indispensable hacerle seguimiento constante para vigilar que se cumplan los compromisos.

Aunque sobre voluntad y entendimiento entre políticos, lo cual es positivo, la búsqueda de soluciones demanda sumar a esta conversación a los agentes del sector: generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras, para establecer mecanismos que conjuren distorsiones y malas prácticas del mercado, para mitigar sobrecostos por pérdidas y restricciones o para desligar de la factura cobros distintos al de la energía, que pesan hasta el 30 % del total. Es ingenuo creer que en un sistema tan sensible, en el que cada eslabón va amarrado al siguiente, se pueda dejar de lado a alguno de ellos sin efectos. Lo que queda es mucho trabajo pendiente.

Justamente, el Gobierno, a través del Ministerio de Minas tiene que hacerse responsable, por un lado de aumentar la oferta que no acompaña la creciente demanda, sobre todo en el Caribe. Por otro, de aumentar los subsidios focalizados en las necesidades de los más vulnerables. Y, en tercer término, de meterse la mano en el bolsillo para modernizar nuestra infraestructura eléctrica. Y todavía quedan los cuellos de botella de la opción tarifaria y las pérdidas técnicas y no técnicas. La gran pregunta es si el Ejecutivo será capaz de aprobar ya un conpes, de usar recursos del presupuesto general o de las regalías mineras para quitarnos la soga del cuello que nos ahoga.

Es apremiante que el presidente Petro continúe liderando con celeridad y eficiencia técnica la discusión para que se traduzca en medidas efectivas con equidad intrarregional, las cuales deberán ser aprobadas por el Congreso. Por la dimensión de la crisis, y el resto del país debe ser consciente de ello, los cambios estructurales serán inevitables, nos sacudirán a todos, pero también hay que actuar con responsabilidad para no socavar la sostenibilidad del sistema.

En todo caso, lo peor que podría pasar es que las iniciativas, como ha ocurrido antes, se quedaran en anuncios bien intencionados o se embolataran tras ser debatidas en mesas técnicas sin capacidad decisoria. No admitamos un nuevo fracaso, justo ahora que el consenso a favor de un nuevo modelo energético toma fuerza.