Barranquilla no deja de estar en riesgo electoral.

Ad portas de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo, la ciudad no debe olvidar lo sucedido hace cuatro años cuando se convirtió en epicentro del mayor escándalo de compra masiva de votos en la historia del país por cuenta del escalofriante entramado de corrupción electoral, en cabeza de la hoy condenada y fugitiva excongresista Aida Merlano, en el que estarían involucrados, según su propio testimonio y el de colaboradores cercanos, reconocidos políticos y empresarios del Atlántico.

Es un imperativo moral que se conozca toda la verdad y lo antes posible. Cada nuevo retraso erosiona la credibilidad de la clase política.

La organizada empresa criminal de la Casa Blanca, como bien fue calificada en su sentencia condenatoria por la Corte Suprema de Justicia, traspasó todo límite del descaro, el cinismo y la ilegalidad.

Las pruebas, documentos o videos conocidos ratifican el alcance de la podredumbre electoral reinante en sectores de una indigna clase politiquera, capaz de venderle su alma al mismísimo diablo con tal de permanecer aferrada al poder y a la riqueza.

O lo que es lo mismo, a una vida de privilegios rodeada de un manto de impunidad en la que todo vale.

La danza ilícita de miles de millones por una curul, mientras el ciudadano promedio debe levantarse a diario a trabajar para intentar sobrevivir como mejor puede.

Si esta compra de conciencias, forma despreciable e ilegítima de hacer política –la única que, por cierto, conocen algunos señalados congresistas del Atlántico– nos disgusta e indigna tanto, al punto de exigir que se haga justicia hasta las últimas consecuencias, ¿por qué muchos siguen dejándose arrastrar por los mercaderes de la corrupción al sufragante?

No resulta coherente pedir que ruede hasta la última cabeza de los involucrados en los vergonzosos episodios de corrupción electoral, como debe ser, para luego convertirse en parte activa de estas redes, que miserablemente aún siguen operando en distintos puntos de la ciudad y el resto del departamento.

No existe aún un sistema electoral lo suficientemente blindado que garantice elecciones transparentes o confiables, garante de los derechos de los votantes, si en el camino a las urnas aparecen candidatos sin honestidad ni decencia que, a punto de chequera, compran la voluntad de ciudadanos que como borregos son conducidos por una serie de mal llamados líderes barriales, que se aprovechan de su condición de ascendencia comunitaria para llenarse los bolsillos.

También ellos merecen una sanción social por su cuestionable comportamiento a todas luces amoral. La pobreza o las carencias socioeconómicas, como en otras situaciones cotidianas, no puede ser argumento para justificar un delito electoral.

A pocos días de los comicios, la Misión de Observación Electoral, MOE, pone el dedo en la llaga sobre posibles irregularidades de fraude en puestos de votación de Barranquilla.

Al menos 18 de ellos, el 14 % de los que se instalarán en una semana en la ciudad, equivalentes a cerca de 165 mil votos –una cifra nada despreciable– son vulnerables a este delito. Buena parte de los mismos están ubicados en las localidades del sur, donde también son evidentes riesgos por dominio electoral y votos nulos.

No se trata de estigmatizar a ningún sector en particular, sino de alertar de manera temprana sobre la necesidad de adoptar medidas para evitar anomalías que desvirtúen el proceso de votación dentro de los puestos y en sus alrededores.

Votar de manera libre es un derecho que nadie nos debe quitar. La sofisticación tecnológica de las estructuras electorales corruptas, como la de la Casa Blanca, llegó al punto de rastrear cada voto comprado, pero nadie debería permitirse caer en esa fosa de la que, luego, es realmente difícil volver a salir.

No ceder a las estrategias delincuenciales de las maquinarias electoreras es una forma de ejercer resistencia pacífica que eleva, además, la calidad de nuestra democracia local.

Conviene entender que ni toda la clase política está proscrita ni el sentido de las elecciones viciado.

Votar con transparencia es clave para evitar resultados contaminados que favorezcan a un solo candidato o a un único partido.

Este 13 de marzo nos enfrentamos a una prueba de fuego para saber si Barranquilla aprendió la valiosa lección de actuar con responsabilidad frente a la democracia.