Esta crisis sin precedentes, que ha dejado en suspenso el aprendizaje de miles de estudiantes de colegios y universidades, es una enorme oportunidad para dar el salto al fortalecimiento de la educación virtual.
Millones de estudiantes de colegios vuelven hoy a sus clases que, hasta nueva orden, no serán presenciales por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. La suspensión comenzó el lunes 16 de marzo, cuando el Gobierno nacional decretó vacaciones y modificó el calendario académico para facilitar que docentes y directivos prepararan metodologías, escenarios flexibles de aprendizaje y planes de estudio para que niños y jóvenes siguieran formándose en casa.
El receso no ha sido para todos. Muchos alumnos de colegios privados sí han estado recibiendo clases, durante estas últimas semanas, gracias a que contaban con plataformas tecnológicas y herramientas digitales para implementar la virtualidad en sus procesos educativos. La crisis sanitaria, que desencadenó el confinamiento, fue el detonante para que estos centros académicos asumieran el desafío de la educación en línea, al que también se sumaron universidades privadas.
Esta crisis sin precedentes, que ha dejado en suspenso el aprendizaje de estudiantes de colegios y escuelas oficiales del país y de alumnos de universidades públicas – de estratos 1, 2 y 3 –, es una enorme oportunidad para dar el salto al fortalecimiento de la educación virtual con cobertura y calidad, que no puede seguir siendo un privilegio reservado a una minoría, porque como reza el eslogan de este gobierno, la educación es de todos, y a todos debe llegar, incluso en medio del descomunal reto que supone atender la pandemia del coronavirus. La transformación digital educativa se debe acelerar y más hogares deben lograr conectividad con calidad.
Desde el Ministerio de Educación se han venido liderando acciones para que las secretarías del país, con colegios, directivas y docentes, garanticen el derecho a la educación y puedan adaptarse a la coyuntura. Se habilitaron más de 80 mil contenidos en la plataforma ‘Aprender Digital’ y se estableció una programación educativa de 12 horas diarias en la televisión pública. Además, se definieron estrategias para proveer, casa a casa, guías pedagógicas, talleres y proyectos a los estudiantes de zonas urbanas y rurales que no cuentan con computadores, dispositivos móviles ni conexión a internet.
Ningún esfuerzo es menor para que niños y jóvenes sigan estudiando desde sus hogares, donde tendrán que permanecer al menos hasta el 30 de mayo por cuenta del confinamiento.
Sin la nutrición adecuada, ningún niño va a aprender. Es el otro gran desafío de la educación en Colombia en medio de esta crisis. En el Atlántico, donde hay 459 mil hogares de estratos 1 y 2, que representan el 73% del departamento, y la inseguridad alimentaria alcanza el 58%, es fundamental garantizar los complementos alimenticios que requieren los estudiantes. A día de hoy, el Gobierno comprometió la entrega de raciones y bonos alimenticios, nuevas modalidades del Plan de Alimentación Escolar, a 6 millones de estudiantes en todo el país. Familias, veedores ciudadanos y entes de control deben vigilar el cumplimiento de estas entregas con la calidad y la cantidad establecidas.
La dinámica educativa no puede parar. Esta es una oportunidad para dar un vuelco a la renovación de modelos pedagógicos y prácticas educativas, que deben migrar a la virtualidad, que exige un gran esfuerzo de distintos sectores públicos y privados para generar el nuevo ecosistema digital, si se tiene en cuenta que el 50% de los hogares colombianos no tiene acceso a internet y el 63% de los estudiantes de colegios públicos no cuenta con este servicio y tampoco tiene computador en casa. Adicionalmente, quienes sí cuentan con ellos afrontan problemas de conectividad y velocidad de transmisión para recibir las clases por la calidad de la conexión, cuando no se suspende el servicio de energía.
El acceso a las nuevas tecnologías está restringido a condiciones socioeconómicas y zonas geográficas urbanas, que tienen una diferencia de penetración del 32% con las rurales. Esto tiene que cambiar. Si el Gobierno defiende que la digitalización es clave para estimular el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, no puede seguir tolerando que la brecha de la desigualdad digital obstaculice el derecho a la educación de las nuevas generaciones.
