Un nuevo caso de brutalidad policial sacude al país: la muerte del abogado Javier Ordóñez, de 46 años, en un barrio de Bogotá, tras un procedimiento de uniformados que lo inmovilizaron sometiéndolo a reiteradas descargas eléctricas con una pistola taser, mientras permanecía en el suelo y suplicaba que se detuvieran. Un doloroso e indignante hecho que revive un viejo debate en torno al inaceptable uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de los organismos de seguridad del Estado, que deben entender de una vez por todas que ningún abuso debe ser tolerado.
Amigos de la víctima confirmaron que se estaban tomando unos tragos en su apartamento, y que tras salir a la calle se encontraron con los uniformados que, abusando de su autoridad, se ensañaron contra Javier. Sus acompañantes empezaron a grabar con sus teléfonos celulares la actuación de los policías, al tiempo que les pedían que no lo golpearan más y que escucharan cómo les rogaba que por favor pararan porque se estaban excediendo con los choques eléctricos.
Era el mismo clamor de familiares y vecinos de Javier, testigos de la agresión de los dos policías que intentaban esposarlo. Mientras uno de ellos lo mantenía reducido contra la calle prácticamente encima de él golpeándolo por momentos, el otro uniformado, el que portaba la pistola, la descargaba una y otra vez en diferentes partes de su cuerpo. Un tercer policía aparece en escena, y había muchos más, pero ninguno intentó evitar lo que ocurría.
Luego de varios minutos, que se hicieron eternos, los policías suben a Javier y a uno de sus amigos – que grababa la escena – a una patrulla. Son llevados al CAI del barrio Villa Luz, muy cerca de allí, hasta donde llegan más tarde sus allegados: Javier luce golpeado y en malas condiciones. Parientes y amigos exigen a la Policía que lo traslade lo antes posible a un centro asistencial. Minutos después de ingresar a la Clínica Santa María del Lago, Javier fallece. Dicen los médicos que producto de los golpes.
Los uniformados que sometieron, agredieron y golpearon a Javier Ordóñez tendrán que responder disciplinaria y penalmente por su muerte. El evidente abuso de autoridad en este nuevo caso de brutalidad policial revela serios indicios de violación de los derechos a la vida e integridad de este hombre que imploró piedad a los integrantes de un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuya misión constitucional es mantener la convivencia, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas y proteger a los ciudadanos. Ni lo uno ni lo otro. Si lo hubieran hecho, Javier no estaría muerto.
Los integrantes de la Fuerzas Armadas, entre ellos los policías, son servidores públicos, y como tal representan al Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza para asegurar la paz, el orden público y el cumplimiento de la ley, pero no a cualquier precio. Están obligados a guiar sus actuaciones bajo los principios básicos de necesidad, legalidad y proporcionalidad. Si se extralimitan corren el riesgo de caer en un uso arbitrario que podría afectar los derechos de los ciudadanos, especialmente en este tiempo de la pandemia, en el que se han impuesto controles excepcionales.
La Policía Nacional asegura que repudiables abusos como los que rodearon la muerte de Javier Ordóñez no constituyen una política institucional, y que los involucrados tendrán que responder a título individual. Sin embargo, persisten enormes dudas acerca de los entrenamientos, protocolos y reglamentos que orientan las actuaciones de los miembros de este organismo, así como de los limitados avances que ofrecen las investigaciones que adelantan contra sus funcionarios implicados en hechos abusivos.
Excesos de fuerza de distinta gravedad, golpizas, uso indebido de armas y detenciones arbitrarias protagonizados por la Policía son preocupantemente reiterativos en el país y exigen una reflexión profunda acerca del funcionamiento, competencias y procesos de formación de este organismo frente a su obligado respeto y protección de los derechos humanos.
Si la Policía no entona un mea culpa y asume una reestructuración profunda, seguirá distanciándose cada vez más de la ciudadanía que empieza a percibirla como una entidad amenazante, dañina, corrupta, y en el peor de los casos como un enemigo. Justicia para Dilan Cruz, Anderson Arboleda y Javier Ordóñez. La Policía tiene la palabra.
