Dañar los bienes públicos de Barranquilla, como su mobiliario urbano, o los privados, en el caso de los establecimientos comerciales, son graves hechos vandálicos que merecen nuestro rechazo, sin distingo alguno, por la enorme afectación que causan al tejido social y económico de la ciudad, y porque van en contravía de cualquier demanda democrática y movilización pacífica desdibujándola por completo.
La destrucción y saqueo de locales comerciales en varios sectores de la capital del Atlántico o las afectaciones a siete estaciones de Transmetro, registradas al margen de las manifestaciones de organizaciones sociales, centrales obreras y jóvenes universitarios, constituyen inadmisibles acciones delictivas tras las cuales la ciudadanía clama respuestas de sus autoridades, especialmente de la fuerza pública para reforzar las labores de vigilancia y control destinadas a evitar que estos asaltos sigan escalando y originen sucesos mucho más lamentables que comprometan el bienestar y la tranquilidad de una población que no termina de reponerse del impacto de las crisis derivadas de la emergencia sanitaria.
Sin amparar bajo ninguna circunstancia el más mínimo exceso en el uso de la fuerza, se necesita el acompañamiento de la Policía en las calles para enfrentar la impredecible actuación de quienes justifican el vandalismo contra la propiedad pública y privada para expresar su indignación, o buscan pescar en río revuelto aprovechándose de un momento de máxima tensión social para hacer de las suyas. A quienes censuran su presencia o la de soldados del Ejército que hoy recorren puntos neurálgicos de la ciudad mediante la figura de la ‘asistencia militar’ vale la pena preguntarles sobre las alternativas que quedan cuando circunstancias, como los episodios de vandalismo, precisan el uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad ciudadana. No está de más insistir en que policías y militares se encuentran sometidos al Estado de derecho, como también lo están quienes promueven, defienden y cometen este tipo de hechos violentos.
Barranquilla debe cerrar filas contra los vándalos, a los que no se les puede consentir que arrinconen a sus habitantes a la zozobra o la angustia de perder en un instante de violencia irracional el esfuerzo de años de trabajo y sacrificio. Existen líneas rojas que nadie debería atreverse a cruzar. Los lamentables episodios de las últimas horas, en los que personas arremetieron contra comercios para robar o destrozar lo encontrado en el interior de los locales, según confirmaron los propios afectados, no pueden excusarse en los incontables conflictos sociales que soportamos desde siempre, y que sin duda se han agudizado con la pandemia. Las víctimas de estos inaceptables desmanes, sus familias, así como sus empleados pagarán, quién sabe por cuánto tiempo, los platos rotos de esta noche infausta. Precariedad inesperada que desmoraliza aún más en medio de tanta adversidad.
Quienes salen a las calles a manifestarse forman parte de un universo complejo de ciudadanos golpeados por diversos motivos. En las movilizaciones conviven jóvenes indignados por la falta de oportunidades, cansados por la suma de crisis que afrontan, y con ellos marchan grupos de distinta naturaleza a quienes les asisten sus propias razones para ejercer el derecho constitucional de protesta. También están quienes se han radicalizado y acuden a todas las formas posibles de vandalismo para destruir lo ajeno. Equipararlos es un error.
En un momento tan complejo como el que hoy atravesamos no existe razón ni motivo que avalen el uso de la violencia, ni existe ninguna violencia que favorezca causa alguna. La fuerza irracional o la vulneración de los derechos de los otros nunca serán la solución para resolver las diferencias de nuestra sociedad democrática, donde no podemos seguir graduando de enemigos a los adversarios o a quienes piensan distinto.
PD. Pronta recuperación para el joven Cristian Barrios y solidaridad con los afectados por los daños y saqueos en la ciudad.
