Cada cierto tiempo los entes de control sustentan con evidencias el porqué del histórico recelo que despierta el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Cuando no son los saqueos continuados de operadores privados, en algunas ocasiones en complicidad con funcionarios públicos, los que vulneran los derechos constitucionales de acceso y permanencia a la educación y a la alimentación equilibrada de niñas, niños y adolescentes de instituciones oficiales, son los sobrecostos en los precios de los alimentos que suelen ser amañados por integrantes de mafias o carteles que mutan o se reinventan para feriarse contratos con la connivencia de autoridades.
En el extenso dossier de escándalos por corrupción, y otros males no del todo resueltos, que han desacreditado al PAE, que en sí es una iniciativa bien encaminada, también se encuentran la entrega de raciones pírricas o en mal estado sin la menor calidad nutricional que los menores en edad escolar demandan, los consabidos arranques tardíos de todos los años, la ausencia de controles transparentes y los riesgos de suspensión por la insuficiencia de recursos.
Cuando no es una cosa, es la otra. De modo que pese a los esfuerzos del Ministerio de Educación y de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), porque es justo reconocer que tratan de mejorarlo incorporando iniciativas legislativas o lo que haga falta para subsanar sus vacíos, el programa le sigue saliendo a deber a un sinnúmero de estudiantes. Usualmente, los más vulnerables que subsisten en las zonas más pobres: ¡Vaya paradoja, cuando deberían ser los mejor atendidos!
En esta ocasión es la Procuraduría General de la Nación la que de manera oportuna en cumplimiento de su función preventiva lanza una voz de alarma ante la posibilidad de que más de 800 mil estudiantes de 12 entidades territoriales, como Montería, Sincelejo y Uribia, en La Guajira, se queden sin la prestación del servicio. En todos los casos el mensaje es el mismo: no tienen recursos suficientes para continuar la operación, lo que provocaría su inminente suspensión. Algunas regiones hablan de disminuir cobertura para extender su vigencia por más tiempo, pero esta es apenas una forma de prolongar la agonía. El asunto resulta aún más dramático, según el Informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar que confirma ya parálisis de la estrategia en municipios de Magdalena, Córdoba y en Manaure. 65 en todo el país.
Asegurar los fondos que solventen la falta de presupuesto en los territorios, aparentemente derivada de la carestía de la canasta familiar y, en especial de los alimentos, se convierte en una necesidad perentoria, reconocida por la ministra Aurora Vergara. De hecho, $2,2 billones para el sector educación fueron incluidos en la adición presupuestal que se debatirá desde este jueves en las sesiones extras del Congreso. Si parte de estos recursos no se dirigen a financiar el programa, no será posible retomarlo. De manera que miles de estudiantes se quedarían sin la opción de tener una comida caliente al día o un complemento nutricional, aumentando el riesgo de deserción escolar. Alarmante realidad que se ha acelerado luego de lo peor de la pandemia.
La operación del PAE a cargo de asociaciones de padres de familia o juntas de acción comunal, decisión inédita avalada por un decreto de hace apenas semanas, abre un esperanzador compás de espera para que a los escolares de zonas rurales se les garantice un servicio de calidad desde el primer día con continuidad, como debe ser.
Con el acompañamiento de la Unidad de Alimentos para Aprender y de los entes de control para asegurar transparencia, eficiencia y pertinencia del programa, esta apuesta puede resultar redonda, al dinamizar la economía local con la compra de productos del territorio, generar sentido de apropiación de las familias que ejercerían veeduría social y comunitaria y cumpliría con el más relevante propósito del PAE: acabar con el hambre de nuestros menores. No más inescrupulosos manejándolo como si fuera su botín personal: más de 5,6 millones de estudiantes en el país dependen de él. Necesitamos más casos exitosos como el de Barranquilla o Bogotá, donde cada peso se audita, cuida e invierte en lo que toca. Honestidad.
