Sin caer en la crítica ramplona, la reforma laboral radicada en el Congreso acumula reparos de sectores políticos, productivos, incluso de trabajadores independientes, emprendedores o personas vinculadas a plataformas digitales. En suma, la consideran lesiva para sus intereses y, mira por dónde, cada uno de ellos defiende los suyos. Cuando demasiados coinciden en señalar los mismos riesgos habría que revisar el fondo de la cuestión y valorar si su propósito se cumple a cabalidad. Lo que, aparentemente, no ocurriría en el caso del proyecto, calificado como “el más ambicioso en materia laboral del presente siglo” por la ministra Gloria Inés Ramírez, quien lideró su concertación social. Aunque valga precisar que esta, según trascendió luego, se limitó a unos pocos asuntos, por lo que el Gobierno caminó en solitario en la elaboración del articulado final.

A ciencia cierta, ¿en qué radica su ambición por la que el Ejecutivo de Gustavo Petro saca pecho? En que garantizaría, por un lado, los derechos laborales de cerca de 22 millones de ocupados y, por el otro, mejoraría la estabilidad de los trabajadores al priorizar el contrato a término indefinido, el regreso de la jornada nocturna de 12 horas y el aumento del recargo dominical del 75 % al 100 %. También fortalecería la protección del sindicalismo, entre otros puntos centrales.

Ciertamente, la reforma actualiza o moderniza el régimen de los trabajadores en Colombia, en aspectos relevantes. Pero, en esencia, no ataca la precariedad laboral, que en los últimos años ha sido el foco de un enorme malestar social, principalmente entre los jóvenes. La iniciativa no ofrece respuestas a su desencanto ni resuelve la inquietud fundamental de cómo generar empleo decente o trabajo digno. Y no lo hace porque no está concebida para reducir la tasa de desocupación, que en enero fue de 13,7 %, lo que significa que 3,4 millones de ciudadanos hoy no laboran. Tampoco apunta a elevar la productividad o a acabar la informalidad del 58 %, en la que se sitúan 13 millones de personas. Ni se espera que acorte la persistente, además de vergonzosa, brecha de género o que garantice trabajo para 2,9 millones de jóvenes, de 15 a 28 años, los llamados ‘ninis’, que se encuentran en esta condición. En especial, mujeres.

Conviene ser cauteloso porque los actos de justicia social que persigue el espíritu de la reforma, como los llama el jefe de Estado, podrían convertirse en todo lo contrario. En particular, porque no se conoce su impacto fiscal en un momento de gran contracción económica. Los primeros análisis de gremios, laboralistas, congresistas y expertos de la academia alarman. Básicamente, porque dicen que aumentaría entre 4,2 % y 5,7 % el desempleo en el mediano plazo, al igual que la informalidad, por el incremento de un 35 % anual en los costos laborales. La lógica indica que su fortísimo efecto en el aparato productivo, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, con actividades de comercio y servicios, en especial en horarios nocturnos o extendidos, se traduciría en empleos perdidos o en otros tantos que se dejarían de crear por la reducción de la contratación. En definitiva, “medidas potencialmente contraproducentes para la generación de empleo formal, que frenan el emprendimiento y constituyen un retroceso en términos laborales”, de acuerdo con el dictamen inicial de la Procuraduría General de la Nación.

¿Tiene sentido mejorar las condiciones de los trabajadores, lo cual es un derecho innegociable, y negarles la posibilidad a quienes no lo tienen de conseguir empleo digno? Habría que pensar también en los empleadores que se sienten castigados. Otros que se expresan preocupados son los repartidores de las plataformas digitales, a quienes se les exigirá contrato laboral y acceso a seguridad social. Suena ideal, pero a la gran mayoría no les interesa y se podrían perder 80 mil empleos como consecuenc ia de la re gulac ión prevista. De bomba atómica la catalogó Alianza In.

Apenas la discusión se inicia, la reforma no tiene que ser perfecta, pero se requiere que se ajuste a la realidad social y económica del país, sin favorecer a ningún sector en particular en clave de lucha de clases. No existen soluciones mágicas, cuando reina la incertidumbre. Pero en la búsqueda del consenso debe prevalecer la moderación y la efectividad, en vez de la ideología.