Proveedores a la medida de únicas ofertas o constituidos pocos días antes de la celebración de los contratos, dejan al descubierto el entramado de irregularidades y desafueros en los que unos y otros incurrieron.

Solo una acción integral que desplegara fortaleza institucional y unidad a la hora de actuar podía hacerle frente a la rampante corrupción que se metió de lleno en la contratación pública destinada a atender los efectos de la pandemia de la COVID-19 en Colombia. En un trabajo sin precedentes, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría entregaron un primer corte de cuentas de sus labores de vigilancia y control, en las que detectaron presuntas irregularidades por sobrecostos en 53 contratos suscritos por la Nación, gobernaciones y alcaldías del país por más de 135 mil millones de pesos en materia de salud pública, alimentos y publicidad.

Todo un catálogo de dudosas e improvisadas actuaciones que revelan falta de planeación en los procesos contractuales con cotizaciones que no aparecen soportadas y en las que no hubo el más mínimo análisis de costos y gastos de los contratistas; muchos de los cuales, como en el caso de la Alcaldía de Malambo en el Atlántico – según la Contraloría General –, sólo se tuvo en cuenta su experiencia y “no su capacidad financiera a fin de evitar riesgo de incumplimiento del contrato”.

Proveedores a la medida de únicas ofertas o constituidos pocos días antes de la celebración de los contratos, que dejan al descubierto el entramado de irregularidades y desafueros en los que unos y otros incurrieron con total descaro y absoluto perjuicio de miles de familias humildes a las que debían ofrecer asistencia, principalmente alimentaria, en la actual crisis.

Los entes de control respondieron con celeridad a este intolerable festín de los recursos públicos, que demandó un trabajo descomunal articulado a través de mesas técnicas en las que se revisaron cerca de 18 mil contratos a nivel nacional en 20 días. En tiempo récord, entregaron resultados concretos como los exige la ciudadanía, entre ellos un proceso de responsabilidad fiscal contra el Gobernador de Arauca y la suspensión del alcalde de Calarcá en el Quindío y del Gobernador del Chocó, a quienes se les investiga disciplinariamente. Además hay otras 27 indagaciones preliminares cursando en la Contraloría General para establecer responsabilidades fiscales y cuantías del daño al erario

La Procuraduría adelanta 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 en entidades del orden nacional y territorial; mientras que la Fiscalía abrió 45 procesos de indagación preliminar por presuntas irregularidades en contratos del nivel local y nacional y en contra de los gobernadores de Arauca, Magdalena, San Andrés y Vichada. Las tres entidades ya avanzan en la recolección de pruebas en otras gobernaciones como las del Cesar y Tolima y en los municipios atlanticenses de Malambo y Soledad para definir la apertura de juicios disciplinarios contra funcionarios públicos.

Ofende la dignidad de los colombianos más pobres que en estos cuestionados contratos la expresión más repetida, y que supuestamente justifica la presteza con la que se procedió a contratar en el marco de la emergencia sanitaria, sea la atención de la “población más vulnerable”. Declaraciones de urgencia manifiesta, en las que se saltaron todos los estudios previos, para generar procesos de selección mediante contratación directa. Como si se tratara de una piñata, autoridades territoriales y contratistas jugaron con los recursos del Estado, que en vez de estar dirigidos a garantizar la vida de estas personas y su derecho fundamental a la salud, estaban a punto de terminar en los bolsillos de estos impresentables.

Ante el alcance de la deshonestidad puesta en evidencia, es imperativo rodear el trabajo de los organismos de control para que avancen en la imposición de las sanciones disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. Cada ciudadano debe sumarse a esta cruzada para denunciar el talante inmoral de los sinvergüenzas que se hicieron elegir para enriquecerse con los recursos públicos.

Como si se tratara de la misma gestión de esta crisis contra la COVID-19, en la que se demanda cooperación, la lucha contra la corrupción en Colombia requiere unidad, compartir información y conocimiento para buscar soluciones conjuntas contra un virus que está presente desde siempre en este país, y que una vez más en este momento tan crítico revela su rostro más miserable.