En Colombia, donde sobran las excusas y faltan los consensos, urge ponerse de acuerdo en un asunto inaplazable por más tiempo: la vuelta de los estudiantes a las aulas mediante esquemas de alternancia que garanticen un retorno gradual y seguro. Es un despropósito mantener por más tiempo a niños y adolescentes en casa intentando educarse a distancia con guías pedagógicas o apenas medios tecnológicos adecuados, mientras miles de ciudadanos desde hace casi un mes están saliendo a las calles a movilizarse para protestar y visibilizar sus demandas. La educación es el camino más expedito a través del cual la sociedad garantiza oportunidades desde la infancia, pero si las escuelas continúan cerradas, esas posibilidades se verán reducidas. Si los derechos de los niños son prevalentes, ¿por qué su educación, un derecho fundamental, no se retoma cuanto antes?

Tras los pilotos de inmunización de docentes menores de 60 años realizados en Barranquilla y otras ciudades, el fin de semana comenzó en firme la vacunación del personal vinculado a establecimientos de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior en el país. Si las proyecciones se cumplen, miles de educadores habrán completado su esquema a finales de junio, lo que favorecerá el retorno de los estudiantes a las aulas. Un escenario totalmente distinto al de un año atrás.

Sería insensato desconocer los enormes desafíos del sistema educativo colombiano, sobre todo, los del sector público en materia de calidad, acceso o permanencia, frente a los que hay un amplio margen de mejora. En medio de las actuales circunstancias, debido a la emergencia sanitaria, incluso contando con los recursos apropiados, siempre nos quedaremos lejos de las condiciones ideales. Así que es momento de superar el temor y la desconfianza para avanzar en la reapertura de las aulas poniendo en marcha estrictas medidas sanitarias que reduzcan el riesgo de contagio. Habrá casos, sin duda, y será necesario ejecutar acciones para afrontar las contingencias que surjan, pero sin caer en el alarmismo ni en el miedo, nos compete valorar los enormes beneficios de reabrir los colegios, en vez de someter a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a más encierros.

Todos los actores de la comunidad educativa, desde el ministerio hasta los padres de familia, pasando por maestros, directivos docentes y administradores escolares, deben esforzarse mucho más para hacer realidad el derecho a la educación con el regreso a la presencialidad previniendo que los desajustes educativos, déficits de socialización y de acceso al conocimiento -por efecto de la pandemia- sigan profundizando la brecha social que afecta a esta población, el 30 % del total nacional, tras más de un año de ‘confinamiento educativo’.

En Barranquilla, donde funcionan 154 instituciones educativas oficiales y 393 colegios privados, apenas el 14 % de estos centros han sido habilitados para implementar el modelo de alternancia, que se retomó el 18 de mayo con el retorno de niños de preescolar y jardines infantiles. Este lunes, después de casi dos meses de ausencia, pueden volver estudiantes de los demás niveles para reencontrarse con sus compañeros, recuperar sus actividades académicas y recobrar algo de lo que han perdido durante este largo periodo de enclaustramiento en el que han permanecido fuera de un entorno protector, que en algunos casos es mucho más confiable que sus propios hogares. Aumentar este porcentaje es un imperativo moral con nuestros niños ahora que la ciudad es piloto nacional de reactivación.

Encontrar el equilibrio entre validación de protocolos de bioseguridad y vacunación de los docentes para hacer de las instituciones educativas espacios seguros es un objetivo razonablemente posible. Lo que hoy parece más complejo es lograr acuerdos con los educadores oficiales para que regresen a clases. Con miles marchando en las calles, cada vez resultará más difícil explicar por qué los niños no pueden volver a sus escuelas. Los derechos no pueden ser selectivos.