Desconcierta e indigna la muerte – que nunca debió ocurrir– del ciclista Manuel Antonio Picalúa Pimienta, de 31 años, arrollado por un vehículo el domingo durante horas de la mañana, en la Vía al Mar, en jurisdicción de Tubará, mientras realizaba un recorrido recreativo con unos amigos para “hacer deporte sanamente”, como hoy recuerda su familia, a la que aún le cuesta creer su dolorosa pérdida.
Este amante del ciclismo falleció por las graves lesiones sufridas tras la salvaje embestida del vehículo que se lo llevó por delante. El caso está siendo investigado y los seres queridos de Manuel Antonio confían en que se hará justicia. Faltaría más. Actuar contra esta pandemia que el año pasado dejó 433 ciclistas y 1.128 peatones muertos en Colombia, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene que ser un imperativo moral de las autoridades para que las vías del país dejen de ser usadas como si fueran una pista de carreras por quienes se creen sus dueños, considerando como invasores de su espacio a quienes circulan en ellas. Demasiados conductores inconscientes transitan sin la menor responsabilidad asumiendo que sentarse al volante es un derecho ganado solo por ser propietarios de un vehículo, desconociendo deberes y responsabilidades.
Aunque no es de extrañar que así lo estimen. Casi la mitad del parque automotor activo en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) no cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. Son cerca de 7 millones 600 mil vehículos evasores, el 77% de ellos motocicletas. Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira aparecen entre las 10 regiones con mayor nivel de incumplimiento de esta obligación en el consolidado nacional. En Atlántico, el porcentaje se ubica en el 49%, esto quiere decir que uno de cada dos automotores matriculados en el departamento rueda sin este seguro que ampara los daños corporales a personas en accidentes de tránsito. Irresponsabilidad descomunal que explica por qué tantos conductores tras un accidente huyen sin la menor compasión dejando a los lesionados a su suerte.
A pesar de que en muchos casos puedan existir responsabilidades compartidas en los siniestros viales, nunca será comparable el daño mortal que pueda causar el impacto con un vehículo a motor que se desplaza con exceso de velocidad. Todos los actores viales merecen consideración, especialmente los más vulnerables, peatones y ciclistas, que deben cumplir además las normas básicas de tránsito para que sus trayectos sean seguros.
Los responsables del tránsito en Barranquilla tienen que esforzarse para gestionar los límites de velocidad: es cuestión de vida o muerte. ¿Hasta cuándo algunos propietarios de vehículos de alta gama o de camionetas todoterreno seguirán imponiendo impunemente sus propias reglas en las vías que son de todos? Nadie está por encima de la ley, tampoco en asuntos relacionados con la movilidad que no solo demandan autoridad, sino también una adecuada infraestructura y, sobre todo, cultura cívica o ciudadana para dejar parqueada la agresividad, irresponsabilidad al manejar en estado de embriaguez e imprudencia con el ánimo de garantizar una verdadera convivencia vial.
Las calles no son exclusivas de carros o motos. La movilidad urbana es intermodal y compartida, y quienes se pongan al frente de un volante deben entenderlo así, por eso es fundamental exigir el máximo rigor a las escuelas o academias y a los organismos de tránsito encargados de expedir la licencia de conducción o pase. Conducir, subirse a la bici o caminar en el espacio público debe ser un ejercicio de respeto que a nadie le debe costar la vida, como sucedió con Manuel Antonio.
