No es de extrañar que la pandemia haya disparado la informalidad laboral en el Caribe colombiano, donde todas sus capitales presentaron tasas muy por encima del promedio nacional, que es del 48%, durante el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2020. De acuerdo con el más reciente informe del DANE, Sincelejo registró una tasa superior al 64%; la de Santa Marta se ubicó en el 63%; Riohacha, Montería, Valledupar y Barranquilla alcanzaron índices entre el 60 y 59%, y Cartagena se situó en el 56%.
La pérdida de millones de puestos de trabajo como consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria, que está a punto de completar su primer año, sigue pasando factura al mercado laboral. Trabajadores formales, sobre todo mujeres y jóvenes, luego de quedar desempleados – y ante la imposibilidad de recuperar su empleo o de conseguir uno nuevo por el futuro incierto de muchas ocupaciones debido a los persistentes efectos de la pandemia– han tenido que entrar al ‘rebusque’ para obtener recursos que garanticen su subsistencia.
Micronegocios familiares, ventas de comida o artículos hechos en casa, comercialización de productos en la calle y servicios de peluquería y belleza a domicilio son, entre muchos otros, los emprendimientos iniciados por amplios sectores de la población en Barranquilla y el resto de ciudades de la Costa, en las que los nuevos trabajadores informales se encuentran con enormes cuellos de botella del orden tributario, legal, financiero y logístico para avanzar en su tránsito hacia la formalización.
Barranquilla y Montería son parte de un plan piloto nacional para formalizar y reactivar a este sector, del que se estima forman parte cerca de 13 millones de ciudadanos en todo el país, a través de una oferta institucional, pública y privada, que contempla ayudas gubernamentales para sus planes de negocios, formación complementaria y asesoría ocupacional mediante un modelo de asociatividad liderado por la Vicepresidencia de la República y apuntalado por las cooperativas. Esta estrategia permitirá fortalecer sus capacidades empresariales para convertirlos en empresarios formales, atendiendo inicialmente 4.150 micronegocios en la capital del Atlántico y más de 8 mil emprendedores informales en Montería.
Un paso decisivo para mejorar la calidad de vida de millones de personas que han sufrido la precarización de sus condiciones laborales, incluso antes de la pandemia de Covid-19 por distintas razones, y hoy afrontan grandes riesgos de seguridad y salud en el desarrollo de sus actividades, en las que no tienen acceso a prestaciones sociales, programas de capacitación o posibilidad de vinculación a organizaciones sindicales o convenios empresariales, a diferencia de los trabajadores formales.
Quienes realizan trabajo en casa también merecen una atención prioritaria. Como sucede con los informales, esta modalidad laboral – que cobra cada vez más protagonismo, tal y como quedó demostrado desde el inicio de la emergencia sanitaria– enfrenta un estado de invisibilidad y sus trabajadores, muchas veces sometidos a jornadas extendidas sin justificación y remuneraciones bajas e inestables, merecen pasar a una situación de trabajo decente con protección social garantizada.
Reglamentar el trabajo en casa, considerado como algo excepcional y transitorio, diferente al teletrabajo – ya regulado en Colombia desde 2008– es una de las deudas pendientes del actual Congreso. La discusión en plenarias del proyecto de ley, presentado por el Ministerio de Trabajo y aprobado en comisiones conjuntas, quedó aplazada para la nueva legislatura.
Facilitar la transición de los informales a la economía formal y asegurar la protección social y jurídica de los trabajadores en casa son responsabilidades ineludibles del Estado colombiano que debe trabajar, con todos los actores sociales, económicos y políticos para ofrecerles condiciones laborales dignas y justas que favorezcan el desarrollo personal y generen mayores oportunidades para los ciudadanos, especialmente las mujeres y los jóvenes.
