Aterradores resultan los datos sobre violencia sexual de menores de edad en el Caribe colombiano donde se concentra el 25% de las 72.543 víctimas de todo el país, a quienes el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les reestableció sus derechos vulnerados durante los últimos seis años. De esos 18.048 niños, niñas y adolescentes, cerca de 4.900 están en el Atlántico y más de 3.100 en el Magdalena. En el listado de la infamia luego aparecen Córdoba, Bolívar y Cesar con un promedio de 2.200 casos cada uno, y en el cierre se encuentran Sucre, con 1.445, y La Guajira, con 1.296.
Estas cifras oficiales, reveladoras del alcance de unos de los delitos más espantosos que se pueden cometer por la extrema indefensión de la víctima, se quedan cortas. La realidad del subregistro por la ausencia de denuncias –producto de la vergüenza, complicidad o miedo alrededor de estos lamentables episodios– es mucho más monstruosa. Medicina Legal y el propio Bienestar Familiar estiman que, cada día, 72 menores son víctimas de violencia sexual en Colombia, ultrajes seguramente recrudecidos durante el confinamiento. Hasta septiembre se habían practicado en el país 11.463 exámenes médico legales relacionados con presunto abuso sexual de menores.
La mayoría de las víctimas, niñas de entre los 12 y 17 años, a las que sus abusadores – generalmente integrantes de sus mismos entornos familiares – les robaron su infancia e inocencia. Vidas rotas, muchas veces para siempre, por las secuelas físicas, sicológicas y emocionales dejadas por los abusos.
La Procuraduría solicitó a las alcaldías del Atlántico, Barranquilla y ocho municipios del Magdalena información sobre sus programas de prevención de violencia sexual y atención a víctimas de abuso y maltrato infantil por el incremento de casos durante la pandemia. Un campanazo de alerta que requiere redoblar esfuerzos y acciones, pero sobre todo voluntades, para eliminar la repudiable connivencia con estos delitos que lamentablemente aún persisten en nuestra Región Caribe, donde la Fiscalía creó bloque judicial y policial para perseguir a los abusadores de menores en Córdoba y Sucre.
El abuso sexual cometido por un padrastro, abuelo, primo o tío merece la misma atención y demanda, igual repudio y castigo, que el perpetrado por integrantes de la fuerza pública, grupos armados ilegales, instituciones escolares, organizaciones deportivas o el clero. La violencia sexual responde al mismo problema estructural de una sociedad patriarcal y machista, donde las niñas y mujeres son consideradas seres inferiores a las que es válido subestimar y vulnerar. Detestable concepción que condena a repetir escenarios de abusos intolerables. Quienes sufren abusos sexuales en su infancia tienen 14 veces más posibilidades de reproducirlos de mayores con sus parejas y 16 veces más de ser víctimas de abusos nuevamente, indica un informe sobre prevención de violencias contra niños de la ONU.
Estos atroces y miserables delitos no pueden seguir creciendo en Colombia amparados por la desconcertante impunidad de hasta el 98%, conducente a naturalizar las aberraciones. Sin más dilaciones se debe exigir la aplicación de justicia oportuna y eficaz, así como la adopción de políticas públicas de alcance preventivo y formativo en todos los ámbitos: familias, escuelas, espacios laborales y sociales.
Nadie puede renunciar al desafío de cambiar el imaginario colectivo de abuso de poder que justifica la violencia sexual contra los menores, protege a los victimarios y reproduce obstáculos en la búsqueda de justicia. Proteger a los niños, niñas y adolescentes es responsabilidad del Estado y de todos los miembros de la sociedad.
