La decisión de la Fiscalía General de embargar, con fin de extinción de dominio, las acciones de Inassa en Triple A se concretó el martes pasado con la toma efectiva de control de la compañía por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Más allá del debate de si la decisión de la Fiscalía fue o no la más acertada, o si la SAE era el órgano apropiado para hacerse cargo de la situación, lo que urge en este momento es que los ciudadanos tengan garantías suficientes de que la prestación del servicio va a mantener su nivel de calidad. Y –no menos importante– que haya claridad sobre los mecanismos previstos para financiar los planes de inversión a mediano y largo plazo que se requieren para satisfacer una demanda en rápida expansión.
En nuestra edición de hoy publicamos un amplio informe en el que detallan esos retos. Según las fuentes consultadas, la empresa tiene previsto un plan a tres años contra las pérdidas de agua que cuesta 120 mil millones de pesos. También está diseñada una intervención en infraestructura –acueducto, tanque, colectores– por 350 mil millones para atender cuatro proyectos de desarrollo urbano en el norte de la ciudad.
Y, si nos atenemos a la hoja de ruta que había preparado Inassa, se necesitan 350 mil millones adicionales para afrontar otros proyectos urbanísticos en curso y un billón de pesos más para inversiones a largo plazo.
En lo que respecta al plan contra pérdidas de agua y las inversiones en infraestructura en el norte, la empresa española Canal de Isabel II, socia mayoritaria de Inassa, iba a actuar como avalista para la tramitación del crédito ante un pool bancario internacional. Con la salida de Inassa, ese papel lo tendrá que asumir el Estado, que ahora es el máximo responsable de Triple A.
Cuando hablamos de Estado, resulta inevitable remitirnos al caso de Electricaribe, que, si bien fue intervenida con motivos fundados por la Superintendencia de Servicios, hoy se encuentra empantanada en un inquietante limbo. Por una parte, no aparecen operadores interesados en la empresa, y por la otra, el Gobierno actual, que se encontró con esta papa caliente, solo se compromete a mantener el servicio en sus actuales condiciones.
Por eso es de suma importancia que el Gobierno explique con nitidez sus planes en Triple A, una empresa que, a diferencia de Electricaribe, se ha labrado un merecido prestigio por la calidad de la prestación del servicio.
Que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias las irregularidades que se hayan podido cometer en torno a la compañía. Pero que, al mismo tiempo, el Estado asuma su responsabilidad como nuevo socio mayoritario de Triple A y despeje todos los interrogantes que planean sobre el futuro de una empresa vital para los barranquilleros y atlanticenses.
