Los hechos han demostrado que los temores y advertencias eran fundados. Los sectores productivos barranquilleros han venido reclamando, prácticamente por todo el año, una solución a la falta de dragado en el canal de acceso a la zona portuaria. Y antes que una respuesta verdadera, lo que llegó fue la confirmación de lo temido. La situación se agravó y hoy el calado ha caído a su nivel más bajo en dos años, con las ominosas repercusiones económicas que ello conlleva para la competitividad de la ciudad.

Se veía venir. El calado, que estaba en 9 metros, cayó 70 centímetros, según las últimas mediciones de la Capitanía de Puerto. La autoridad estableció entonces restricciones para los buques con un calado superior a los 8,3 metros, lo que supone un impacto directo e inmediato para seis buques, cuatro que estaban pendientes de ingresar y dos por salir.

A menor calado, menos posibilidad de que entren buques con mayor cantidad de carga. Menos posibilidad de hacer negocios de mayor magnitud, y trascender nuestras tradicionales fronteras empresariales. Menos posibilidad de posicionar la ciudad como un actor verdaderamente competitivo en el mercado internacional de transporte de mercancías, y convertir en realidad un viejo anhelo en torno al cual se vienen articulando proyectos e inversiones.

Para tener una idea de la gravedad, basta recordar que recientemente el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano argumentaron que el calado ideal sería de 15 metros. Con esto, podrían llegar buques con una marcada diferencia en términos de toneladas de mercancía, y se podría empezar a explorar, por fin, el inmenso potencial del Magdalena como gran autopista del comercio. Lo exponían así en una carta que le enviaron al presidente Juan Manuel Santos, en la que solicitaban declarar urgencia manifiesta para agilizar las contrataciones necesarias para el retiro del sedimento.

Ante la emergencia, Cormagdalena ha declarado que esta vez sí harán la respectiva declaratoria. Es lo menos que se puede esperar, porque en lo que respecta a este asunto, al Gobierno Nacional le ha faltado mucha diligencia y compromiso con la ciudad y su desarrollo. La percepción es que vienen manejando la situación de rodeo en rodeo, sin tomar ninguna acción contundente de fondo.

El dragado es una responsabilidad de la Nación. Quedó en el limbo por cuenta de los líos del consorcio Navelena, adjudicatario de la APP del Río, cuyas obligaciones incluyen las labores de dragado. Es inaudito que el Gobierno, Cormagdalena y el Ministerio de Transporte hayan dejado caer la situación a un nivel tan crítico. El calado se debe resolver cuanto antes, sin dilaciones. Está en riesgo la sostenibilidad de las operaciones portuarias en la ciudad. Y queda claro que algo se ha podido hacer para evitar esto. Lo único responsable, ahora, es actuar, sin más esperas.