La polémica se encuentra encendida tras el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, de cobrar valorización en el área de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en las inmediaciones de la carretera Cartagena-Barranquilla. El asunto no es menor porque se calcula que son 60 mil los predios que deberán pagar la contribución estimada en $721 mil millones, como reveló el pasado lunes EL HERALDO, luego de conocer la resolución emitida por Invías en 2022, aunque fue en mayo de 2023, cuando finalmente un comité del sector transporte escogió este corredor para aplicar a nivel nacional la prueba piloto que se iniciaría desde mayo.

Para entender el porqué de esta determinación conversamos con el ministro Camargo. Más allá del debate abierto por el evidente impacto de la medida, no solo en términos económicos, también por la recentralización del Estado, convertida desde ya en una de las improntas de este Gobierno, el jefe de la cartera de transporte nos dijo que los predios en el área, según la información catastral que manejan, han aumentado su valor por los beneficios derivados del proyecto vial. Pone el acento en que, pese a que aún no se ha concluido la doble calzada, es posible hablar de una “concentración de riqueza” que debe redistribuirse en otras zonas del país.

Justamente en ese aspecto, en el de la destinación de los recursos que sean recaudados por el cobro, radica la mayor controversia. Intentando dar respuesta a las voces más críticas, Camargo lo dejó claro en su diálogo con EL HERALDO cuando indicó: “Este es un ejercicio de equidad intergeneracional y de convergencia entre las regiones para propiciar condiciones iguales para todos”. Defiende el ministro una iniciativa madurada en los últimos años, incluso desde antes de la era Petro, que busca echar mano de una fuente diferente a la del Presupuesto General para financiar nuevos proyectos viales a partir de los que ya están en estudio, ejecución o en sus primeros años de operación y mantenimiento. Ese es el fondo de los decretos que vienen en camino.

Sin muchas más opciones en el futuro inmediato, esa parece ser la nueva dinámica a la que tendremos que acostumbrarnos en las regiones, después de escuchar los inamovibles del ministro Camargo. Comprender cómo funcionará la redistribución será clave para tratar de obtener el máximo provecho de los recursos que irán a una especie de fondo o bolsa de la que se sacarán luego para financiar proyectos en las mismas regiones, donde se cobre la valorización, y en general aquellos previstos en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo.

La cuestión fundamental, al margen de quedarse en el comprensible malestar por el anuncio en sí mismo que sin duda resulta chocante aunque no del todo inesperado, es tratar de definir los mecanismos o acciones que permitan asegurar que una parte, y por qué no la totalidad de los recursos recaudados en el corredor vial, puedan ser reinvertidos en obras prioritarias de desarrollo en los territorios de influencia: Cartagena y Santa Catalina, en Bolívar, y Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo, en Atlántico.

El llamado del Comité Intergremial del Atlántico y del Consejo Gremial de Bolívar para que con los recursos recaudados se financien los 60 kilómetros de doble calzada que aún faltan, no incluidos en la concesión Ruta Costera, tiene todo el sentido. Por razones socioeconómicas, de fortalecimiento del ecoturismo o de seguridad vial, los más beneficiados, ministro Camargo, serán los mismos habitantes de la zona. También la Bancada del Atlántico ha expuesto argumentos que deberían ser discutidos, como una eventual inviabilidad jurídica del cobro por ser una obra terminada, aunque eso no es tan cierto por el tramo de doble calzada que aún falta.

Ni qué decir del impacto para el bolsillo de los propietarios más pobres o vulnerables de la franja costera que, aunque quedarían exonerados del 50 % del pago, no tendrían con qué responder. Es indispensable que el censo para categorizarlos revise con rigor el tema porque sería un despropósito que la gente más humilde se vea obligada a malvender su predio para pagar la valorización. Casos se han visto. Al ministro Camargo le asisten razones de sobra para defender el cobro, no se trata de oponerse a él o de demonizarlo porque sí, sino de encontrar puntos en común para que el recaudo se invierta aquí y no se abra otra crisis de confianza por este asunto.