Mucho se ha escrito sobre el caso del sociólogo cienaguero Alfredo Correa De Andréis, asesinado el 17 de septiembre de 2004 por dos sicarios que seguían instrucciones del hoy extinto DAS y una organización paramilitar.
Aquel crimen infame ya dio lugar a una dura condena contra el Estado, que se vio obligado a ofrecer disculpas públicas al malogrado profesor universitario.
Pero la desgracia de Correa, como la propia tragedia de Colombia en las décadas recientes, se resiste a quedar cubierta de polvo y olvido. De tanto en tanto aparece algún fleco de aquel espanto que nos sacude la conciencia y nos recuerda que la horrible noche no termina de pasar.
En su edición de ayer, EL HERALDO publicó un extenso informe sobre un fallo reciente del Consejo de Estado que condena de nuevo a la Nación, esta vez por el encarcelamiento injusto que sufrió Correa dos meses antes de su asesinato y que contribuyó a crear el clima para que se le considerara un indeseable subversivo.
Dicho fallo tiene enorme actualidad en unos momentos en que se están produciendo asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ya que los magistrados llaman la atención sobre los “prejuicios” y “discriminaciones” con que fue estigmatizado Correa por trabajar con la población más desfavorecida.
Según el escrito, la Fiscalía cometió un “ostensible yerro” en su justificación de la medida de aseguramiento contra Correa, pues “para tal institución su calidad de profesor y su cercanía con población desplazada indicaban el ejercicio de actividades subversivas”.
Una de las lecciones que debemos aprender de este caso, y de tantos que han ensangrentado a nuestro país, es la obligación de distinguir entre un líder social y un subversivo, dejando bien claro que ni siquiera en este último caso se pueden justificar desde el Estado de derecho ejecuciones o retaliaciones al margen de la ley.
En Colombia hay muchísimas personas trabajando por la población vulnerable, sea desde el ámbito del Estado, desde organizaciones no gubernamentales, desde sindicatos, formaciones políticas o la propia comunidad.
Cabe presumir que parte de esos líderes o defensores de derechos tienen motivaciones ideológicas muy alejadas del mainstream político o económico, pero para catalogarlos incluso a ellos como subversivos hay un trecho que, en una democracia, solo debe recorrerse en los estrados judiciales y con pruebas. No mediante prejuicios, como el que, según el fallo del Consejo de Estado, condujo al asesinato del profesor Correa.
