Sorprendente, por decir lo menos, es el comportamiento que está exhibiendo el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, respecto a la crisis de Electricaribe.
Hace cinco días, la Defensoría presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra tres artículos clave del ‘plan de salvamento’ de la compañía contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Más allá de la discusión sobre los fundamentos jurídicos de la demanda, la decisión de Negret causó una comprensible indignación en la Región Caribe por los efectos que esta pueda tener. Que no son otros que nuevas dilaciones en la solución de un problema que lleva enquistado ya demasiado tiempo para desesperación de los costeños.
Hay que resaltar que la demanda ha llegado en medio del proceso abierto para escoger nuevo operador de la compañía eléctrica. Por lo tanto, puede afectar su desarrollo. Más de un potencial inversionista puede echarse para atrás si ve peligrar los incentivos que hacen atractiva la empresa o, peor aún, si hay una demanda atravesada.
Ante la polvareda desatada por su decisión, el Defensor tomó el lunes pasado una decisión cuanto menos curiosa: pidió a la Corte “evaluar la pertinencia de avanzar o no” en la tramitación de la demanda.
El funcionario no respondió a los requerimientos de este diario para que explicara tan inusual petición. ¿Es que lo asaltan ahora dudas sobre su demanda? En tal caso, ¿por qué no la retira, si es que la ley le permite hacerlo? Que lo diga. Porque la impresión que está dando Negret con su conducta es la del que tira irresponsablemente una piedra y luego intenta esconder la mano.
También debe explicar el Defensor por qué afirmó en un comunicado que su petición a la Corte se produjo tras una reunión con el Presidente y los gobernadores costeños, cuando en realidad se trató de un encuentro de segundo nivel al que incluso él envió un delegado. Y por qué el mismo lunes dijo a este diario que había convocado para el día siguiente a la bancada caribe, cuando no era cierto, según nos confirmaron ayer los parlamentarios costeños. Todo esto deja en muy mal lugar al Defensor, sin duda.
En más de un editorial hemos expresado dudas sobre aspectos del plan de Electricaribe. No acabamos de digerir que la solución pase por trocear la compañía, que es hoy una de las escasas columnas vertebrales del Caribe. También hemos señalado que la asunción por el Estado del pasivo pensional no es un acto de generosidad plena, pues el plan incluye que la Nación se lo cobre con las acreencias de Electricaribe.
Pero, más allá de las dudas, es hoy el único plan en la mesa para sacar adelante a Electricaribe. Si el Defensor, cuya función es defender al pueblo, cree que hay una solución mejor para que el pueblo costeño tenga cuanto antes una prestación eléctrica digna, que lo diga. Es el mejor servicio que podría prestar, en vez de estar metiendo alegremente palos jurídicos en las ruedas sin medir las consecuencias.
