Los anuncios en materia económica del gobierno de Gustavo Petro en su primera semana de mandato, tras posesionarse el pasado 7 de agosto, han mantenido ocupada la agenda de medios de comunicación, analistas y expertos, y por supuesto han puesto al país entero a debatir la pertinencia y los impactos de esas decisiones.

Desde el contenido de la reforma tributaria el primer día de gobierno –que encendió la polémica por los llamados impuestos saludables, por la ampliación de la base de sujetos objeto de renta y la reducción de los topes de las exenciones–, pasando por la reducción de la jornada laboral diurna hasta la confirmación de que no habrá más contratos de exploración de hidrocarburos en el país tienen con los pelos de punta a más de un gremio y a muchos empresarios.

Desde distintos sectores se ha cuestionado la posibilidad que dejó abierta la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de importar gas de Venezuela en caso de que el país lo requiera cuando agote sus reservas.

Y es que no se necesita ser un experto en el sector de hidrocarburos para preguntarse cómo será posible que el Gobierno colombiano prefiera construir la nueva relación bilateral con Venezuela sobre la base de perder su autosuficiencia energética y depender de otra nación y el vaivén de sus decisiones políticas internas.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas de Colombia, que volvieron a aumentar por primera vez desde 2012, son para 8 años alcanzando los 3.163 Gpc (giga pies cúbicos).

Resultados sustentados en el reciente hallazgo de Arrecife 3 en Córdoba, de Hocol, y que generan mayores expectativas de que puedan ampliarse un poco más las reservas con los resultados de la exploración costa afuera que ya han permitido hallazgos en los pozos Gorgon 2 y Uchuva 1.

En el país más de 10 millones de usuarios (36 millones de beneficiarios) están conectados a las redes de gas natural en 27 departamentos, consumiendo un promedio de 894 millones de pies cúbicos por día. Y en materia de gas vehicular circulan alrededor de 624 mil vehículos que usan este combustible. Esto sin contar la cantidad de gas que es usado por el sector industrial.

Toda una infraestructura que no será fácil suplir en el corto plazo sin un plan serio de transición energética que Colombia comenzó a transitar, pero que le tomará muchos años para terminar de concretar.

No se pueden hacer cuentas alegres sobre dejar de buscar gas de la noche a la mañana porque será reemplazado con energías renovables que apenas están en desarrollo. Más si se piensa que en regiones como la Caribe quedarnos sin gas propio quintuplicaría las facturas del servicio, esencial para las cocinas costeñas, como lo ha advertido Naturgas. Y la energía eléctrica, otra manzana de discordia por las altas tarifas, no sería posible como opción. El nuevo Gobierno tendrá que medir las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones para no dar pasos en falso.